Vergüenza en Canet: ¿El Gobierno no es capaz de amparar ni a un niño?

El Gobierno de España se ha limitado a anunciar una rutinaria investigación de los Cuerpos de Seguridad y del Poder Judicial sobre el vergonzoso caso de acoso a un niño de 5 años en Canet de Mar cuyos padres, con la ley de su parte, han pedido que reciba el 25% de su educación en español.

El ministro Marlaska presenta como aportación propia lo que, en realidad, es una respuesta ordinaria del Estado de Derecho que se pone en marcha al haber una denuncia, como es el caso: no se va a investigar porque lo anuncie el Ministerio del Interior, sino por la naturaleza de los hechos y la denuncia de los afectados.

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Lo que no ha hecho el Gobierno es condenar el acoso a un niño ni, tampoco, anunciar medidas concretas para ampararlo y, de paso, imponer el cumplimiento de la ley para que cualquier otro menor de edad tenga garantizada la enseñanza en español en el porcentaje avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por el Tribunal Supremo.

Si el caso del menor de Canet ya es suficiente para una intervención rotunda del Gobierno, también lo es el problema que hay debajo: la utilización del catalán como herramienta política contra España y para generar una identidad infantil desde el agravio y la confrontación con el resto del país.

El Gobierno ha de adoptar medidas políticas claras que, con la ley en la mano, restituya el orden educativo y garantice los derechos de los alumnos y también los intereses del conjunto de España

El propio consejero de Educación de Cataluña, Josep González, dio ayer una demostración de esa “hispanofobia” al presentarse en el colegio para minusvalorar el acoso al niño; animar a manifestarse en favor de la inmersión lingüística; despreciar las resoluciones judiciales en defensa de la enseñanza en las dos lenguas y negarse incluso a hablar en español.

Ante esto, el Gobierno ha de adoptar medidas políticas claras que, con la ley en la mano, restituya el orden educativo y garantice los derechos de los alumnos y también los intereses del conjunto de España. Pero lejos de eso, su única decisión conocida ha ido en el sentido opuesto: excluyó el español como lengua vehicular de la educación catalana hace ya meses.

El aviso de ERC

La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez quedó en evidencia en el Senado: ERC paralizó la aprobación de los Presupuestos presentando enmiendas para presionar al Gobierno y recordarle de quién depende.

En pleno conflicto en Canet, ERC quiere garantizar la hegemonía del catalán en una Ley Audiovisual con la que quieren obligar a todas las plataformas, incluso privadas, a doblar sus emisiones. Las enmiendas son una excusa para doblegar al Gobierno: cuando más necesario es que defienda al español, más le van a obligar a que proteja y promocione al catalán.