Pablo Iglesias mintió ante el juez y debe dimitir, sean o no delito sus abusos

Si Pablo Iglesias fuera un ciudadano normal, hoy amanecería imputado por tres delitos muy graves y al borde de un juicio oral con probables condenas. Pero como es vicepresidente segundo y diputado, es aforado y de su caso tendrá que encargarse el Tribunal Supremo si la Fiscalía General del Estado no presiona para evitar la acusación y la sala de enjuiciamiento no se achanta ante las presiones que la Justicia en general soporta.

De momento, el juez García-Castellón, de la Audiencia Nacional, ha solicitado al Supremo que le juzgue por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género; daños informáticos y  denuncia falsa o simulación delito en su deplorable gestión de la tarjeta del móvil sustraído a la que fue su asesora, Dina Bousselham.

Por alguno de esos excesos podría llegar a tener penas de hasta cinco años de prisión, en su modalidad más grave, aunque se antoja improbable.  Pero en todo caso ya hay algo demostrado, más allá de sus consecuencias penales: Pablo Iglesias mintió delante de un juez, haciéndose pasar por víctima de unos hechos que conocía, él mismo protagonizó y utilizó con fines electorales.

El juez manda a Iglesias al Supremo para que le investigue por tres delitos

Todo ello será o no delito, pero es un comportamiento incompatible con su condición de vicepresidente de un Gobierno que comenzó su andadura aprovechando unos hechos irrelevantes al lado de éstos para plantear una moción de censura y comprometiéndose a mantener una actitud ejemplar, transparente y limpia que el propio Sánchez incumplió con su tesis plagiada.

Iglesias mintió ante el juez y se inventó una conspiración mientras él sí conspiraba. Debe dimitir con urgencia sea o no delito

Iglesias recibió primero a escondidas la tarjeta de su  colaboradora, con información y documentos privados de su teléfono móvil. Después la escondió y retuvo cuando Dina dijo que se la habían robado. Más tarde presentó una denuncia junto a ella por la sustracción. Y por último utilizó todo ese montaje para denunciar una conspiración de las cloacas del Estado y convertir esa falacia en el eje central de su campaña electoral.

¿Y quiere controlar el CGPJ?

Todo eso será delito o no. Pero ya es incompatible con ostentar un cargo institucional de primera línea. Y con los precedentes tanto de Sánchez como de Iglesias, aupados al poder por una treta política en nombre de una regeneración que ahora les es indiferente. 

Que el presidente del Gobierno guarde silencio en público y brinde su apoyo a Iglesias en privado; y que éste haya colocado a los jueces en su mirilla como única respuesta, ha de tener un efecto añadido inevitablemente: pactar con ambos la renovación del CGPJ equivaldría a regalarles el control del último poder independiente que va quedando en España.