Los separatistas arruinan a los catalanes pero se guardan su dinero

En un alarde de desfachatez que prolonga el bochorno ya endémico en la delirante Cataluña independentista; una entidad pública, el Instituto Catalán de Fianzas, avalará los 5.4 millones de euros de fianzas que los políticos catalanes deben depositar por los delitos de malversación cometidos durante el llamado “procés”.

A pesar de que esa medida puede suponer sendos delitos de malversación y prevaricación; la Generalitat ha decidido impulsarla por la negativa de todas las entidades bancarias a auxiliar a los condenados y el deseo de proteger el patrimonio de los indultados de los embargos de la Justicia: todos ellos están dispuestos a hundir la economía de los catalanes; pero ninguno quiere jugarse la propia.

La Generalitat avalará a los secesionistas con el dinero de todos los catalanes

Es muy probable que el Tribunal de Cuentas rechace esa fórmula, claramente ilegal, y obligue a los condenados a pagar o avalar con su bolsillo las sanciones impuestas, lo que dejaría a la Generalitat en una posición insostenible. Y también al Gobierno de Sánchez, que ha mirado para otro lado e incluso a presionado al Tribunal de Cuentas para que no aplique la ley, en otra prueba más de su sometimiento a los excesos separatistas.

El separatismo juega con al economía de los catalanes desde hace años, pero bien que se guarda de apostarse su propio dinero o patrimonio

Pero también queda retratado el propio movimiento secesionista: nadie ha movido un dedo para ayudar a sus líderes. Ni sus votantes ni entidades como Òmnium Cultural o la Asamblea Nacional Catalana, que viven  básicamente de las subvenciones, han salido en ayuda de sus líderes, gastando su patrimonio o impulsando una cuestación popular abocada al fracaso.

¿Pactar así en Justicia?

En todo caso, vuelve a demostrarse la necesidad de una Justicia independiente y autónoma que recuerde y aplique las normas del Estado de Derecho, sistemáticamente atacadas e ignoradas por instituciones que, en realidad, deberían ser sus primeras garantes.

Y refuerza la obligación del PP de no pactar nada con el PSOE al respecto de la renovación del Poder Judicial si no se enmarca en el escrupuloso respeto a los mecanismos constitucionales y parlamentarios previstos: si con ellos en marcha se pisotea la Justicia desde el Gobierno, ¿qué no será capaz de hacer si se adaptan las reglas a su conveniencia?