España necesita cirugía económica, no parches para salir del paso

Dos meses después de que Pedro Sánchez se negara siquiera a discutir el "plan anticrisis" ofrecido por Feijóo, el presidente ha anunciado una de las medidas estrella que contenía: la reducción general del IVA de la luz hasta el 5%, tal y como vienen haciendo en media Europa desde el comienzo de la crisis.

Que el Gobierno aplique ahora lo que rechazaba hace nada enérgicamente es buena prueba de su extravío y desesperación, agravados por la clamorosa derrota del PSOE en Andalucía y la sensación, generalizada, de que no tiene un criterio firme para capear el temporal y todo lo confía a improvisaciones y parches de escaso traslado práctico.

Sánchez baja el IVA de la luz como le exigió Feijóo acorralado por las urnas

Ocurrió con el "tope del gas", más un lema propagandístico que una intervención quirúrgica en la línea correcta, como demuestra el crecimiento de los precios pese a ella, derivado de la letra pequeña que no había contado: sí, se limita temporalmente el coste del gas, pero a la vez se aumenta la compensación a las empresas del sector, de modo que lo que se deja de abonar por un concepto se empieza a sufragar de más por otro.

Y sucedió también con los carburantes, objeto de una subvención de 20 céntimos por litros que solo ha servido para aumentar las tarifas hasta extremos insoportables y sin visos de recular al corto o medio plazo: al contrario, el verano puede traer récord históricos y ya se habla abiertamente de alcanzar la barrera de los tres euros.

Le toca apretarse el cinturón a la Administración y a la llamada industria política, que deben hacer un ejercicio de decencia que hasta ahora han obviado

Con la luz el alivio puede ser mayor: la reducción del IVA no afectará al sector, sino al exceso de recaudación que el Estado viene haciendo gracias a la inflación que padece la sociedad. Un contrasentido hiriente que así empieza a rectificarse pero que deja abierta, también, una pregunta: ¿Por qué no se hace lo mismo con los carburantes o con el gas, entre otros productos gravados con entre el 10% y el 21%?

En una situación cercana a la quiebra, con amplias capas de la ciudadanía empobrecidas y un sobreprecio estructural que puede durar meses, no basta con aplicar tiritas: ha llegado el momento de que el Gobierno, y a ser posible el conjunto de las formaciones políticas, pacten una reducción del gasto público de la Administración que no toque a los servicios esenciales.

Que se ajuste la industria política

Estudios muy solventes cifran en 60.000 millones la cantidad anual que puede ahorrarse sin afectar a la educación, la sanidad o las pensiones. Y sea ésa u otra la cantidad, hay que empezar por ahí: las dos Españas reales, que son la que no sufre la crisis y la que la paga, no pueden eternizarse. Y hasta ahora todo el esfuerzo lo han hecho las empresas, los trabajadores y las familias.

Le toca a la Administración y a la llamada industria política, que deben hacer un ejercicio de decencia que hasta ahora han obviado: no hay que asustar a la sociedad con recortes ni subidas de impuestos, sino apretarse el cinturón de una vez en el inmenso gasto superfluo que nunca debió existir y ahora no se puede mantener.