Sánchez corona su asalto a la Justicia y pisotea la separación de poderes

El PSOE ha rechazado el enésimo Pacto de Estado ofrecido por el PP, en este caso sobre la Justicia, y culminará su intento unilateral de controlarla, comenzando por una inquietante reforma legal exprés con la que pretende, nada menos, maniatar al Tribunal Constitucional, nombrando nuevos miembros al margen de los procedimientos habituales, más garantistas y condicionados por una renovación global del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La propuesta de Feijóo mejoraba la separación de poderes, alejaba a la política de la Justicia y acababa con las puertas giratorias, visibles en la escandalosa designación de la exministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado para convertirla en una extensión del propio Gobierno. Y devolvía a los magistrados una participación extra en su propio gobierno y en la elección de su presidente, necesaria para perfeccionar la autonomía del órgano.

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Y pese a todo ello, Sánchez se ha negado a llegar a un acuerdo, sirviéndose del inefable ministro Bolaños para romper las conversaciones con González Pons, el señalado por Feijóo para acabar con la anomalía de tener un Poder Judicial paralizado y con su mandato constitucional superado.

Aunque los altavoces mediáticos del sanchismo insistirán en culpar al PP y redoblarán sus esfuerzos por presentar la actitud del Gobierno como una necesidad constitucional, lo cierto es que el PSOE está intentando coronar su descarado asalto a la Justicia, rompiendo los consensos que impone la ley vigente en las Cortes e intentando adaptarlos a sus intereses.

Con fines que solo pueden ser espurios. Porque, ¿qué objetivo tiene Sánchez con el control del Constitucional y para qué quiere utilizarlo luego? Ésa es la gran pregunta, y cualquiera de las posibles respuestas es inquietante en términos democráticos.

Regresión del Estado de Derecho

Porque Sánchez, que lleva dos años intentando conquistar el Poder Judicial, no ha hecho otra cosa desde su llegada que intentar domesticarla, atacando a la separación de poderes e ignorando las directrices de Europa o las quejas del mundo judicial, casi unánimes.

Con ese contexto, el PP debe mantenerse firme en el rechazo. Porque si es negativo que el CGPJ lleve más de tres años sin ser renovado, mucho más lo es que se renueve adaptado a las necesidades de Sánchez, antidemocráticas por definición: un Estado de Derecho deja de serlo cuando la Justicia, pilar de casi todo, se transforma en una mera extensión del Gobierno de turno.