Contra el Rey, la Policía Nacional y la Guardia Civil

Los exaltados aliados nacionalistas del Gobierno, junto al resto de partidos independentistas, han presentado una enmienda conjunta a la Ley de Memoria Democrática que pretende aprobar Sánchez para eliminar el título de Rey, al considerarlo una distinción heredada del franquismo.

Aunque la propuesta no prosperará, supone el enésimo ataque a la Corona, a la Constitución y al llamado “Régimen del 78” con desprecio por la verdad y a la convivencia. Y se suma a la despenalización de las injurias a la Corona y de las ofensas a los símbolos del Estado.

Una ley para proteger a los agitadores y dejar tirados a los policías

Pero lo más grave no es que ERC, Bildu, Junts, las CUP o el PdeCat promuevan la demolición de la cúspide de la Constitución, sino que el Gobierno de España dependa de dos de esos cinco partidos y gobierne en coalición con otro, Podemos, que defiende también el cambio de sistema democrático abiertamente.

¿Qué país se queda cuando se intenta legislar contra el Rey, la Policía Nacional o la Guardia Civil con la permisividad del Gobierno?

En ese contexto, el presidente Sánchez no puede conformarse con “perdonar” al Rey renunciando a impulsar una nueva “Ley de la Corona” que estaba en su agenda. Debe romper y no estar intervenido por formaciones que no aceptan ni quieren cumplir la Carta Magna y no reconocen la autoridad de la figura institucional que sanciona las leyes que, entre otras cosas, tutelan su existencia y sus cargos públicos.

Contra los Cuerpos

A la Corona no basta con aceptarla; es obligación constitucional del Gobierno defenderla de ataques que, más que ir contra la Casa Real, van contra la propia idea de España: un presidente no puede tolerarlo y, mucho menos, deberle el cargo a los promotores de esas iniciativas.

Que son los mismos, por cierto, que a la vez que persiguen a Felipe VI promocionan la indefensión de la Policía y de la Guardia Civil, abandonadas a su suerte con la inminente derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, inspirada en el intento de legalizar discursos y actitudes como los de Alberto Rodríguez o Isa Serra: en adelante, si agreden a un agente, la palabra de éste carecerá de autoridad. Penoso.