El fin de la compra de deuda, la subida de los tipos de interés y la escandalosa inflación colocan a España al borde de la quiebra y el Gobierno, mientras, crea otro problema con Argelia.
La OCDE se ha sumado al unánime listado de instituciones y organismos que enmienda las previsiones económicas del Gobierno, rebajando hasta el 4.1% el crecimiento en 2022; menos aún que lo anticipado por la AIREF, el Banco de España, el FMI o la Comisión Europea.
Además, prevé una inflación media durante todo el año del 8.1%, casi tres veces más que el año pasado. Y para rematar el pronóstico, deja el crecimiento para 2023 en un modesto 2.2% y la inflación aún en un preocupante 4.8%.
En resumen, es el peor cuadro económico de toda Europa, junto a Grecia, agravado por la mayor tasa de desempleo del continente, del 13.2%, el doble de la media europea; la peor destrucción de PIB desde el inicio de la pandemia y uno de los mayores crecimientos de la deuda pública y el déficit.
La confirmación oficial de la inminente suspensión de la política de estímulos, que liberará al Banco Central Europeo de comprar deuda pública española, y la próxima subida de los tipos de interés; terminan de dibujar un paisaje económico muy adverso para España, agravado por la falta de reacción del Gobierno o la adopción de medidas contraproducentes.
Solo la aprobación del “tope al gas” temporalmente ofrece un mínimo alivio al Gobierno, aunque será efímero y de reducido impacto: como lo está siendo ya la subvención al combustible, en precios simplemente escandalosos: a lo sumo la rebaja para el consumidor de tarifa regulada será del 15%; pero es previsible que esa rebaja la asuma el resto de los clientes de algún modo.
Otro dato confirma lo preocupante de la situación para los ciudadanos y la insólita política del Gobierno, que se aprovecha de la miseria ajena para impulsar su agosto fiscal: los asalariados han perdido en su conjunto 2.200 millones de euros desde 2020 por los sobreprecios de todo; pero pagan 7.000 millones más en IRPF y la Hacienda Pública han recaudado en lo que va de año 13.000 millones más de lo previsto gracias a la feroz inflación.
Que con este desolador paisaje Sánchez mantenga su política de disparar el gasto público; mantener o subir los impuestos y apostar por el empleo público es temerario y aboca a España a un sufrimiento económico extremo con efectos estructurales y a largo plazo. El incendio provocado con Argelia añade un grado más de decrepitud a una hoja de ruta suicida que parece no tener fin: cuanto más fuego se divisa, más gasolina echa un Gobierno desnortado y dañino como nunca ha habido.