23 de Enero de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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La libertad de expresión no incluye las amenazas, los insultos ni las calumnias

La libertad de expresión no peligra. Al contrario, la denigra más incluir en ese derecho la amenaza, la ofensa agresiva y la calumnia. O también la negación de debates razonables sobre todo.

| Esdiario Editorial

 

 

La condena a prisión de un rapero que amenazaba de muerte a personas públicas con nombre y apellidos, desde "los Borbones" hasta la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal; ha suscitado un debate larvado ya durante meses al respecto de si la libertad de expresión está en riesgo en España.

La prohibición de exponer en ARCO una colección de fotografías titulada 'Presos políticos en España' que pixelaba los retratos de golpistas como Oriol Junqueras o el secuestro de la novela 'Fariña' sobre el narcotráfico en Galicia son otros episodios que alimentan la polémica, yuxtapuestos a los casos del cantante Hasel, a las performances religiosas en algunos Carnavales o, antes, a episodios como los del tuitero Cassandra y sus chistes sobre Carrero Blanco, del concejal Guillermo Zapata y sus bromas sobre los judíos o al diseñador que utilizó su propio rostro para sustituir al de Cristo.

En España no hay represión de nada. Sí que existe una confusión entre la libertad de expresión y la amenaza, la calumnia o la injuria

Es un debate interesante, sin duda, pero también viciado de antemano, pues incluye en el mismo epígrafe casos antagónicos y bien distintos para intentar dibujar un escenario represivo que, simplemente, no existe en España.

Los límites de un derecho

Poner en el mismo estante la calumnia, la amenaza o la injuria que la crítica es lamentable, y vincular la salud de un derecho esencial como la libertad de expresión a la tolerancia con los tres primeros supuestos es absurdo y peligroso. Los delitos no dependen del medio del que se sirven, sino de su naturaleza, y en ese sentido no importa si una amenaza de muerte o un respaldo reiterado al terrorismo se vierten en una nota manuscrita o en una supuesta canción: el rapero condenado no se puede parapetar tras la música para esparcir su odio.

 

 

Bastaría con cambiar los receptores de esa brutalidad para comprender hasta qué punto es hipócrita la campaña de apoyo al 'músico' y, peor aún, la reiterada difusión de una especie falaz sobre lo amenazadas que están libertades esenciales en España: si en lugar de Cospedal el amenazado fuera Pablo Iglesias, los mismos que le restan importancia ahora estarían clamando por una justicia que, sin duda, también merecerían.

No hay más que recordar que el propio líder de Podemos, tan partidario de tolerar los abusos cuando la víctima es otra, anunció el inicio de acciones legales contra el majadero que deseó utilizar un tanque contra él y se grabó a bordo de uno de ellos.  Ni eso era libertad de expresión, ni tampoco lo es ensalzar el odio entre acordes musicales o sin ellos.

Como tampoco es censura impedir que una feria dedicada al arte se convierta en plataforma de lo que no lo es: y no es artístico pixelar cuatro fotos, bajo el epígrafe 'Presos políticos en la España actual'. Nadie discute que ese tipo de alegatos se puedan difundir y cada día, de hecho, se difunden libremente en incontables soportes. La cuestión es si eso es arte o, por no serlo aunque su autor se sienta equiparable con Goya, una legítima expresión política que puede y debe tener espacios de distribución, sin duda, pero alejados de una feria consagrada al arte.

 

 

El gran error de ARCO no es haber vetado nada, sino haber incumplido de manera clamorosa sus obligaciones elementales al respecto de filtrar a priori qué obras tienen la calidad artística necesaria para exponerse y cuáles no: la ya célebre colección de fotografías no cumple las exigencias mínimas de una muestra de tanta envergadura; pero es inaceptable que en lugar de haberse eliminado por esa razón, antes de enseñarse al público, se haya hecho sobre la marcha y cuando ya estaba expuesta la obra.

Libertades garantizadas

Si el supuesto artista no tuviera dónde exponer sus panfletos, tendríamos sin duda un problema de libertades. Pero si la mera apelación a ese derecho es suficiente para eliminar el criterio artístico indispensable para ocupar espacios de primera línea, nos estaremos cargando la razón de ser de los grandes museos, teatros o ferias y bastará con que cualquiera apele a la libertad para que haya que cederle un espacio que no merece.

Por distintas razones, ni el rapero ni el fotógrafo, pues, simbolizan ninguna quiebra de las libertades básicas; aunque sí vienen bien para evitar que de repente todo exceso u ofensa se incluyan en el mismo saco: el mal gusto y la falta de educación, presentes a diario en incesantes manifestaciones de toda laya, no son en sí mismas delito, y en ese sentido conviene recordarle a la justicia la diferencia entre ser soez e incurrir en un tipo penal.

 

 

Y no digamos ya con el secuestro de 'Fariña', una obra documentada y veraz en cuya libre difusión sí se dirime la calidad democrática de cualquier país: es inaceptable que un juez intente evitar su distribución por recoger, en tres líneas, hechos probados en sentencias previas que inspiran el magnífico trabajo del autor.

Si algo amenaza la libertad de expresión no es, desde luego, ni la sentencia contra un músico violento ni la retirada de la exposición de un artista mediocre. Ese riesgo está mucho más presente en la dictadura de lo políticamente correcto, una castrante y extendida costumbre que, en nombre de valores que todos compartimos, evita el debate razonable y argumentado sobre asuntos de primera magnitud.

Lo políticamente correcto es peor

Porque los mismos que llaman censura al episodio de ARCO o amparan a raperos agresivos impiden luego, con una agresividad extrema inmersa en la censura, el debate razonable sobre asuntos que, a su juicio, son axiomas indiscutibles que sólo discuten siniestros colectivos o personas dignas de oprobio y linchamiento.

Amenaza más a la libertad de expresión no poder debatir con respeto y argumentos sobre el 8 de Marzo

Es indignante, en ese sentido, que buena parte de la prensa y de la política conviertan en mártires a artistas vulgares y matones de toda laya y , sin embargo, estigmaticen a cualquiera que discuta con respeto la conveniencia de una huelga feminista como la del 8 de marzo, plagada de excesos y convocada en un tono casi bélico; o se desmarquen del movimiento #MeToo pese a ser, en ambos casos, partidarios por completo de la igualdad de sexos. Pero también del sentido común, por definición carente de demagogia frentista.

Nada atenaza más la libertad de expresión que desconocer sus límites, garantía de un ejercicio sano sin damnificados. Y si algo lo hace, es precisamente el espíritu censor de quienes más se presentan como adalidades de las libertades y, en la práctica, sólo las respetan cuando se utilizan para darles la razón, evitando debates legítimos si discurren por el terreno del argumento y la duda, las dos virtudes esenciales de una democracia madura.