El Gobierno ataca a la separación de poderes y al Estado de Derecho

De las muchas anomalías que está protagonizando la coalición de gobierno de izquierdas con Pedro Sánchez al frente, la ofensiva contra la judicatura es una de las más graves y no tiene parangón en la Europa comunitaria. Porque ni en Estados tan señalados como Hungría y Polonia se asiste a una campaña de acoso y derribo como la que están llevando a cabo el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, sostenido por independentistas y filoetarras.

Porque no solo se han propuesto el objetivo de degradar la imagen de los miembros del poder consagrado a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, garante de la legalidad y de la democracia, sino también su legitimidad y su autoridad ante la nación.

Y todo bajo el pretexto inicial de que el mandato de algunos de los magistrados está caducando, una consecuencia de la falta de consenso entre los partidos que en ningún caso supone restar capacidad a sus competencias y funciones de acuerdo a las reglas constitucionales.

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En los últimos días se ha acelerado aún más esta campaña de acoso y derribo, que no ha surgido de manera espontánea ni es coyuntural. Tanto socialistas como podemitas consideran un estorbo para poner en marcha su sectaria idea de la convivencia y del Estado el actual poder judicial.

Muy a pesar del actual Gobierno, sus aliados y su círculo mediático, España cuenta con jueces y magistrados competentes, independientes y firmemente comprometidos con su delicada e imprescindible labor

Pero muy a pesar del actual Gobierno, sus aliados y su círculo mediático, España cuenta con jueces y magistrados competentes, independientes y firmemente comprometidos con su delicada e imprescindible labor. Y así se les reconoce en Europa, aunque no dispongan de los recursos necesarios para ejercer su labor y, lo peor, de sufrir el torpedeo del Gobierno.

Contra las libertades

Ojalá esas mismas autoridades europeas que tanto elogian la línea profesional e independiente de nuestros poder judicial den un toque de atención a Moncloa para que ponga freno a sus atropellos y respeten a nuestros jueces, que tienen además todo el derecho a defenderse con la misma ley que aplican en la mano.

Solo en países con regímenes autócratas se ven ataques parecidos a la independencia judicial que, en el caso del Gobierno de España, se extienden a todos los contrapesos democráticos: basta con recordar cómo Sánchez, además de a los jueces, lleva años intentando imponer "cordones sanitarios" a partidos constitucionalistas, a la prensa crítica e, incluso, a la propia Corona.