Quien no respeta la Constitución es Pedro Sánchez

La Constitución ha cumplido 43 años en un momento muy delicado, inducido desde el propio Gobierno y calentado por sus socios y aliados: Podemos defiende con hostilidad la apertura de un nuevo periodo constituyente que pone en solfa la organización del Estado y su sistema político, la Monarquía Parlamentaria.

Además, los partidos independentistas exigen su reforma total para reconocer el inexistente derecho a la autodeterminación y alcanzar la independencia, perseguida hasta ahora con ilegalidades indultadas. Y el PSOE, por último, apuesta por una reforma “federalista” para contentar a sus aliados a pesar de carecer de fuerza parlamentaria para lograrlo. 

Los socios de Sánchez cargan contra una Constitución “agotada y deslegitimada”

Lo cierto es que, entre unos y otros, se ha logrado desestabilizar la Carta Magna aprobada por la práctica unanimidad de la sociedad española; instalando un debate falso sobre su representatividad y a pesar de la imposibilidad legal y política de reformar sus principales pilares.

Si alguien necesita recordar qué dice la Carta Magna, es el presidente: nadie como él ha hecho tanto, en tan poco tiempo, por devaluarla.

Porque no se puede modificar, simplemente, si no se respeta el procedimiento definido en la propia Ley de leyes, que exige unas mayorías inabarcables sin un pacto, a todas luces inviable, entre el PSOE y el PP que necesitaría, además, la aprobación de la ciudadanía española en su conjunto a través de un referéndum nacional.

Los excesos de Batet

Esas condiciones hacen inviable cualquier reforma significativa, alimentada sin embargo por el Gobierno. Sorprende que, en ese contexto, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dedique más tiempo a cargar contra el PP y VOX que para recordarle a sus socios, ausentes en el caso del independentismo, la vigencia de la Constitución y la obligación de cumplirla y hacerla cumplir.

Los ataques de la presidenta del Congreso a la oposición, en plena celebración del 6 de diciembre, son una anomalía sin precedentes: si a alguien ha reprendido el Tribunal Constitucional, ha sido al Gobierno. Y si alguien necesita recordar qué dice la Carta Magna, es el presidente del Gobierno: nadie como él ha hecho tanto, en tan poco tiempo, por devaluarla.