| 26 de Octubre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Puigdemont, en Bruselas en marzo
Puigdemont, en Bruselas en marzo

Puigdemont acabará en el banquillo, pero Europa ya ha hecho el ridículo

Los tecnicismos jurídicos no pueden servir a nadie para tener impunidad pasajera tras protagonizar un golpe de Estado. Puigdemont acabará pagándolo, pero Europa tiene problemas.

| ESdiario Editorial

El expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, no será extraditado de urgencia a España, después de que la Justicia italiana decidiera posponer su decisión hasta que no se conociera el estatus exacto del eurodiputado y se resolvieran distintas cuestiones jurídicas previas. 

Todos los pronósticos y la actitud de Puigdemont (se presentó con dos exconselleros fugados también y convocó de antemano a la prensa por la tarde) ya sugerían esa decisión, en la línea jurídica o administrativa adoptada por cinco países europeos:  Bélgica, Alemania, Escocia, Francia y Suiza pusieron trabas parecidas, e igual de incompresibles, por distintas razones.

Aunque Puigdemont presente esos beneficios como un respaldo a su actitud y a su causa, no hay que confundirse: las garantías jurídicas y las lagunas del ordenamiento europeo pueden favorecerle si sus abogados saben manejarlas, pero su problema de fondo persiste y la Justicia española, antes o después, logrará sentarlo en el banquillo salvo que acepte pasar el resto de su vida fuera de España.

Es un bochorno que Europa proteja más al protagonista de un golpe de Estado que al Estado agredido por él

Mientras, no obstante, queda en la sociedad una incómoda sensación de impunidad agravada por la complicidad del Gobierno, que ha movilizado a la Abogacía del Estado en auxilio del prófugo en lugar de en respaldo al juez Llarena y al Tribunal Supremo, dignos defensores del Estado de Derecho y de la democracia españoles, amenazada por un dirigente peligroso protegido por Sánchez, como al conjunto del separatismo.

Otra reforma pendiente

Que Europa proteja más al protagonista de un golpe de Estado que al Estado agredido es un sentido lamentable, por efímera y estrictamente técnica que sea esa protección. Y que le permitiera entrar en su Parlamento meses después de escapar de España es, sencillamente, impresentable.

A todas las reformas políticas, institucionales y económicas que urge implantar en Bruselas, un gigante timorato y burocratizado, hay que sumarle una jurídica que, con casos como éste, se antoja ya urgente.