Sánchez no quiere proteger Madrid: solo aspira a conquistarla a cualquier precio

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló este jueves el confinamiento total de la Comunidad madrileña, impuesto de manera unilateral, caprichosa y con fines políticos por el Gobierno de España hace ahora una semana.

Se trata de una evidente victoria política de Isabel Díaz Ayuso y de una no menos clara derrota de Pedro Sánchez. Que había visto en la extensión de la pandemia una ocasión de promover una moción de censura y conquistar la Puerta del Sol, con el mismo modus operandi desplegado ya en 2018 para acceder a La Moncloa.

El Tribunal no se pronuncia sobre la idoneidad de las medidas sanitarias, sino sobre la capacidad legal del Gobierno utilizando un procedimiento insuficiente: una simple resolución de un Secretario de Estado que apela al Consejo Interterritorial de Sanidad, cuyas decisiones no son vinculantes nunca, pero mucho menos si carecen de consenso. Y a ésta, en concreto, se opusieron Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia y Castilla y León.

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Que al Gobierno le preocupó más aprovechar la pandemia que ayudar a contenerla lo demuestran la improvisación en las medidas; la manera artera de intentar legalizarlas; la ausencia de cifras propias para replicar a las ofrecidas por Ayuso y el desigual trato dado a las Comunidades en función de su color político: allá donde gobiernan el PNV, los nacionalistas catalanes o el propio PSOE, ni rastro de reacción aunque el panorama sea casi idéntico al de Madrid.

Resulta evidente que a Sánchez le ha preocupado siempre más acabar con Ayuso que contener el virus. Y es palmario que el confinamiento de seis millones de madrileños obedece a su deseo de utilizarlos como prisioneros de una guerra política que agudiza los estragos económicos y sanitarios ya profundos.

Sánchez trata a los madrileños de una guerra que solo le interesa librar a él para hacer con Ayuso lo que hizo con Rajoy

No hay que confundirse en un punto, no obstante: Madrid, y el resto de España, necesitan restricciones razonadas y razonables, eficaces en lo sanitario y sostenibles en lo económico. El fallo judicial no es, en ese sentido, una invitación a echarse a las calles sin precaución ni a desarrollar una vida normal que, desgraciadamente, no es aún posible. Por muy evidente que sea el varapalo legal al Gobierno y, en particular, al presidente más codicioso y con menos escrúpulos desde 1978.

Es solo, y nada menos, un revés legal a un Gobierno que prefirió anteponer su objetivo político al procedimiento legal necesario para garantizar la salud pública de los ciudadanos y que desprecia las que ya se están adoptando desde la Comunidad, pese a su eficacia, porque en el fondo parece preferir un deterioro sanitario con tal de imponer sus intereses políticos.

No más escándalos

El resultado es que ahora nadie sabe del todo qué hacer, ni si puede entrar, salir, abrir, cerrar ni en qué horario ni dónde. Y como ese tremendo desastre lo ha creado la Administración Central, a ella le toca resolverlo. Los dos gobiernos deben entenderse y consensuar con urgencia medidas que respondan a la emergencia sanitaria sin tener en cuenta ningún otro interés espurio.

Ayuso se ofreció a pactarlas nada más conocer el fallo judicial. Sánchez amenazó con imponer un Estado de Alarma unilateral y relativo, quizá sin la extensión de marzo; y ha convocado un Consejo de Ministros para hoy mismo en el que puede anunciarse esa decisión, que sería escandalosa e incitaría sin duda una respuesta en la calle y otra en las instituciones que, de momento, no domina.