19 de Abril de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Sánchez, en su reunión con Ayuso

Sánchez: ni gestiona la tragedia sanitaria ni deja a las regiones que lo hagan

La "cogobernanza" ha sido la trampa del Gobierno para despreocuparse de su responsabilidad y obligar a las Comunidades a gestionar la pandemia maniatadas por los caprichos de Sanidad.

| ESdiario Editorial

 

Pedro Sánchez ha ordenado a la Abogacía del Estado recurrir la decisión de Castilla y León de adelantar a las 20 horas el toque de queda en la región, una medida desesperada que refleja el apogeo de la pandemia en la práctica totalidad de España, en cifras de contagio peores incluso que al principio de la trágica emergencia

La decisión es jurídicamente defendible, pero políticamente extravagante: si el vigente estado de alarma no faculta a los Gobiernos regionales a adoptar medidas que sin embargo pueden ser eficaces, lo que debe modificarse es el decreto que lo regula, y no la decisión adoptada.

Para ello bastaría con algo tan simple como una reunión del Consejo de Ministros que ampliara a capacidad de maniobra de los Gobiernos autonómicos, abandonados por Moncloa desde que en verano convirtiera la "cogobernanza" es una lamentable excusa para despreocuparse de la pandemia, guardarse la última decisión y patrimonializar las buenas noticias, caso de la vacuna.

La cogobernanza es una trampa del Gobierno para omitir sus responsabilidades y maniatar a las regiones

Sorprende además que un Gobierno acostumbrado a estirar la ley, cuando no a saltársela, se ponga tan purista en un asunto de salud pública: despreciar así a Castilla y León, apelando a las normas, es obsceno en un Ejecutivo que ignora incluso los parámetros constitucionales para tramitar indultos, asaltar el Podemos Judicial o ignorar resoluciones en su contra del Consejo de Transparencia o de la Audiencia Nacional. 

Y escandaliza constatar, una vez más, la dureza y el desprecio con que Sánchez trata a comunidades de color adverso, caso de Madrid y Castilla y León; mientras mira para otro lado o ensancha artificialmente las líneas rojas legales par atender sus compromisos personales con los partidos dominantes en Cataluña y el País Vasco o con el suyo propio en Navarra, Baleares o Extremadura. 

La politización general de un problema tan grave de salud pública demuestra también las consecuencias de carecer de un verdadero Comité de Expertos y el despropósito de mantener al frente del Ministerio de Sanidad a Salvador Illa, un ministro incompetente que además ahora es sospechoso de condicionar toda su gestión a su condición de candidato en Cataluña.