Sánchez busca un poder casi ilimitado con una Ley de Seguridad totalitaria

El Gobierno avanza ya en su anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional para remitirla en breve al Congreso: se trata de una reforma de la existente desde 2015 que amplía sus funciones y da más poder que nunca al Presidente.

Esa ley de origen es ordinaria, no orgánica, y por tanto es muy cuestionable, cuando no directamente ilegal, que pueda limitar derechos fundamentales. Entonces, se aprobó por consenso entre PP y PSOE y se debatió desde el primer momento: ésta se ha impulsado con opacidad y se ha conocido por filtraciones a la prensa más próxima Moncloa. 

Con esta Ley, siempre que se declare el estado de crisis, el Gobierno podrá “adueñarse” de prácticamente todo: decidirá qué prestaciones deben darle al Estado todos los ciudadanos mayores de edad; podrá paralizar o intervenir toda actividad empresarial necesaria para esa crisis e incluso decidirá qué contenidos deben difundir los medios de comunicación para ayudar en esa tarea.

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La norma tiene varios puntos inquietantes, cuando no peligrosos: el estado de crisis es potestad del Presidente, que no necesita el plácet del Congreso como sí ocurre con los estados de alarma o de excepción. Y le bastará con clasificar como asunto de “Seguridad Nacional” cualquier asunto para que escape del escrutinio público y de la Ley de Transparencia.

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La indefinición de los casos para declarar el estado de crisis, así como lo genérico de sus atribuciones, avala el temor a que conceda un poder absoluto al Presidente llegado el caso: si no se precisa cuándo, para qué y con qué límites y se confía el criterio a la buena voluntad del gobernante, se estará abriendo una puerta peligrosa a la arbitrariedad de un Gobierno que ha dado sobradas muestras de ser arbitrario.

¿Qué pinta Iván Redondo ahí?

Esa sensación aumenta si se recuerda que el Departamento de Seguridad Nacional depende en estos momentos de Iván Redondo, Director del Gabinete de Pedro Sánchez, que lo nombró pese a su falta de conocimientos y trayectoria en esta materia.

La Ley limita gravemente derechos fundamentales con pretextos de necesidad nacional: debe encontrarse la fórmula que evite esa injerencia, precise muy bien los casos y límites y esté precedida por un debate y consenso públicos. Si no, la sospecha de que el fin es otro, bien siniestro, estará más que justificada.