El Gobierno entero se hace cómplice de los desvaríos sectarios de Irene Montero

Horas antes de aprobar la llamada Ley del "Solo sí es sí", que derriba la presunción de inocencia del hombre y le criminaliza de antemano sin resolver el grave problema de violencia sexual que sufren las sociedad modernas; el Consejo de Ministros adoptó una decisión que resume el patético espíritu de la norma impulsada por Irene Montero y respaldada por Pedro Sánchez.

Y es que el Gobierno ha indultado a María Sevilla, la presidenta de la pseudoasociación Infancia Libre, condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de sustracción de menores: encerró a su hijo en una finca aislada de Cuenca para que no viera a su padre (al que acusaba en falso de abusos sexuales); no le escolarizó y apenas lo sacaba de su cautiverio unos minutos al día para que le diera el sol.

El indulto de la secuestradora María Sevilla se le vuelve en contra a Irene Montero

Pese a ello, el Consejo de Ministros, a instancia de la ministra de Justicia, Pilar Llop; le ha concedido un indulto parcial que le permite salir de prisión y recuperar la patria potestad sobre su hijo, pese a que éste no quiere volver con su madre y ha pedido públicamente poder quedarse exclusivamente con su padre para llevar una vida normal.

Es el segundo caso similar, tras el de Juana Rivas, en el que el Gobierno ignora una sentencia firme, informes forenses, peritajes judiciales y todo tipo de pruebas para suscribir el mensaje del Ministerio de Igualdad, consistente en criminalizar a los padres y victimizar a las madres sea cual sea su comportamiento, ignorando la protección de menores incluso.

El desprecio a los hechos y la indiferencia hacia los niños que demuestran ambos casos son más inquietantes porque, lejos de ser casos graves aislados, responden al impulso legislativo del Gobierno, con leyes que derriban la presunción de inocencia de los hombres; conceden de antemano la razón a las mujeres y consagran el concepto de “justicia heteropatriarcal” como excusa para saltarse las resoluciones judiciales adversas a su concepto de ideología de género. Los delitos no pueden juzgarse en función del sexo del delincuente, pues ello daña a sus víctimas.

Todo el Gobierno

Y todo ello sin frenar el lamentable fenómeno de la violencia machista, con una media de 50 asesinatos anuales desde que gobierna la coalición del PSOE y Podemos: el problema de fondo persiste, pero la lucha contra él ha quedado en un segundo plano frente al proyecto político de ingeniería social que pretende implantar una “guerra de géneros” y romper el consenso social, unánime contra esa lacra.

La "Ley de Garantías de Libertad Sexual" es el corolario de esa perversa doctrina aplicada a una madre secuestradora presentada como "protectora" por una ministra de Igualdad desnortada y sectaria que, sin embargo, ha conseguido que todo el Gobierno la secunde y se ha haga cómplice de sus peligrosos desvaríos.