Sánchez amenaza a la democracia con un escandaloso autogolpe

Pedro Sánchez puso este jueves la democracia en cuarentena al intentar legalizar un auténtico autogolpe de Estado y criminalizar, a la vez, a quienes intentan frenarlo con la Constitución en la mano, acusándoles de golpistas por defender la legalidad vigente.

Lo que hizo el Gobierno fue, simplemente escandaloso: modificar fraudulentamente dos leyes orgánicas, con una enmienda de urgencia en un asunto ajeno, para cambiar unilateralmente el sistema de conformación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y acabar, de facto, con la separación de poderes y los contrapesos constitucionales.

El "kamikaze" Sánchez conduce a España a una crisis institucional sin precedentes

Y para maquillar el insoportable abuso, cometido con la complicidad obscena de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acusó a la oposición democrática y al mismísimo Tribunal Constitucional de emular el alzamiento de 1936 y el Golpe de Estado de Tejero en 1981.

Es decir, primero modifican el Código Penal para legalizar los delitos cometidos por el separatismo y despenalizar el robo de dinero público si es por una buena causa política; después utilizan esa reforma para aprobar fraudulentamente el asalto a la Justicia y, por último, criminalizan a quienes se opongan a todo ello con un discurso guerracivilista peligroso.

Falta por saber para qué hacen todo eso, pero no parece muy osado presumirlo: si ya han indultado a los delincuentes y han abolido sus delitos, solo falta legalizar sus objetivos, resumidos en la celebración de algún tipo de consulta que redefina la España constitucional, a la fuerza, y la convierta en un engendro confederal que le dé al separatismo lo que busca y a Sánchez le garantice, a la vez, su respaldo para eternizarse.

Sánchez es aún peor que Puigdemont, por su "procés" incluye un asalto a los poderes que frenaron el golpe en Cataluña

El Gobierno de España está haciendo exactamente lo mismo que hizo la Generalitat catalana en 2017, con la diferencia de que, en este caso, los obstáculos que tuvo el llamado "procés" han sido previamente ocupados por quienes deberían apelar a ellos para garantizar la prevalencia de la Constitución pero quieren utilizarlos para terminar de hundirla.

La situación es, pues, excepcional. Y no se adivina un antídoto, especialmente si la parte decente del Tribunal Constitucional claudica y, el próximo lunes, se deja vencer por la presión y renuncia a declarar ilegal el procedimiento utilizado por el Gobierno para perpetrar su abordaje al órgano de garantías y, por extensión, al CGPJ.

La respuesta democrática

Pero España es demasiado importante, y su democracia lo suficientemente robusta, como para saber encontrar la respuesta: desde luego apelar a las instituciones nacionales y europeas que aún no hayan sido vencidas; pero también protestar pacíficamente en la calle, redoblar la respuesta política de la oposición y mantener la crítica de la escasa prensa independiente, con un ojo puesto en la Jefatura del Estado, que antes o después deberá hacer algún gesto.

Porque al Rey también le han enmendado su discurso de 2017: todo lo que denunció en aquel momento se está repitiendo ahora, con Sánchez ejerciendo de Puigdemont y un "procés" todavía más peligroso en marcha. Antes eso, ni Felipe VI puede ya permanecer al margen.