¿El Supremo protesta por el asalto político al Poder Judicial y no pasa nada?

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado esta semana dirigirse al Consejo General del Poder Judicial para advertirle de las graves consecuencias que tiene para la Justicia y para los ciudadanos la paralización de los nombramientos en vacantes clave.

No es una advertencia baladí y no responsabiliza al Poder Judicial. En realidad, es una sutil protesta dirigida al Gobierno, responsable de la paralización del CGPJ merced a una ley exprés aprobada el pasado mes de marzo por PSOE y Podemos.

Con esa norma, el Gobierno impuso de facto la paralización del Poder Judicial, al objeto de presionar al PP para que aceptara la renovación en los términos queridos por Pedro Sánchez, de cuyas intenciones da cuenta el nombramiento de su ministra de Justicia como Fiscal General o el asalto literal de la Abogacía del Estado para auxiliar a los golpistas condenados por el Supremo.

El Supremo da la voz de alarma: las "consecuencias perniciosas" del asalto al CGPJ

Primero intentó cambiar unilateralmente el sistema de elección de vocales del CGPJ previsto por la Constitución, acabando con la mayoría de 3/5 necesaria y sustituyéndola por una mayoría simple adaptada a la que tiene el PSOE con sus socios.

Que el Supremo tenga que protestar por la parálisis de la Justicia por el asalto de Sánchez al Poder Judicial es gravísimo

Y, ante el escándalo creado incluso en la Unión Europea, renunció a ese “asalto” pero impulsó una ley que le impide al Consejo General funcionar con normalidad y tomar decisiones rutinarias como los nombramientos citados en Salas clave de lo Social, lo Contencioso Administrativo o lo Militar.

“O sumisión o parálisis”, parece ser el lema de Sánchez en lo relativo a la Justicia, dos amenazas bastante más graves que el bloqueo vigente desde 2018: siendo éste negativo; es inapreciable al lado de acabar con la separación de poderes y transformar el CGPJ en una sucursal política de Moncloa.

Ayudando a Puigdemont

Y lo es siempre, pero especialmente con los antecedentes del Gobierno en este ámbito, tan visibles como el sometimiento de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General a la disciplina política: su último servicio ha sido auxiliar a Puigdemont, poniendo en duda la vigencia de la euroorden de detención cursada por el Tribunal Supremo, pese a carecer de competencia alguna en ese ámbito.

Si Sánchez llegó a servirse de un juez, estando en la oposición, para justificar una moción de censura por un párrafo artificial incluido en una sentencia; ¿qué no será capaz de hacer desde el Gobierno? El temor es suficiente, en fin, para que el PP mantenga su posición y no se avenga a pactar nada hasta que la independencia de esté poder clave en una democracia quede garantizada.