Sánchez no puede tener poderes absolutos ni en tiempos de crisis siquiera

El Gobierno ha aprobado la reforma de la Ley de Seguridad Nacional gracias al PP, tras volver a sufrir el abandono de sus socios y aliados, con el objeto de ampliar las funciones del Gobierno y del presidente en tiempos de crisis. 

Se trata de una ley ordinaria, no orgánica, y por tanto es muy cuestionable que pueda limitar derechos fundamentales: el PP la ha respaldado por ser un asunto de Estado, pero la tumbará si en su tramitación si el PSOE no acepta sus enmiendas, destinadas básicamente a limitar el poder arbitrario de Pedro Sánchez.

El “caso Pegasus” consuma el decálogo de afrentas de Sánchez al Estado

Con esta Ley, siempre que se declare una crisis, el Gobierno podrá “adueñarse” de prácticamente todo: decidirá qué prestaciones deben darle al Estado todos los ciudadanos mayores de edad; podrá paralizar o incautar toda actividad empresarial necesaria para esa emergencia e incluso decidirá qué contenidos deben difundir los medios de comunicación para ayudar en esa tarea. El Consejo de Estado ya se ha opuesto a todo ello.

La norma tiene varios puntos inquietantes: la indefinición sobre qué se considera una “crisis” avala el temor a que conceda un poder absoluto al Presidente llegado el caso: si no se precisa cuándo, para qué y con qué límites y se confía el criterio a la buena voluntad del gobernante; se estará abriendo una puerta peligrosa a la arbitrariedad de un Gobierno que ha dado sobradas muestras de ser arbitrario.

Controlar a Sánchez

Esa sensación aumenta si se recuerda que el Departamento de Seguridad Nacional depende en estos momentos del Gabinete de la Presidencia y en consecuencia del propio Pedro Sánchez y del ministro Félix Bolaños, que tendrían un poder casi ilimitado en situaciones de crisis.

Los precedentes de Sánchez en el uso abusivo del poder son muy evidentes y ponen bajo sospecha la reforma en su actual formación: declaró dos Estados de Alarma inconstitucionales; ha dañado el CNI, que es la principal herramienta de la Seguridad Nacional; y acumula 1.200 advertencias del Consejo de Transparencia, que perdería toda capacidad de control tal y como está redactada la ley ahora mismo. Con ese historial, fiarse de Sánchez sería un despropósito.