Pablo Iglesias sí es una anormalidad democrática

Pablo Iglesias considera que España sufre "anormalidades democráticas", por la situación procesal de los líderes  independentistas catalanas, uno condenado en firme por sedición y el otro fugado de la Justicia. Más allá de lo alocado de su opinión, no sería digna de atención alguna de no ser porque procede de quien ejerce, nada menos, la Vicepresidencia Segunda del Gobierno.

Desde una tertulia o una asamblea se puede decir casi de todo, con los únicos límites que impone la ley y sugiere la elemental educación, pero no desde el ejercicio de un cargo institucional que compromete al país en cuyo nombre se interviene siempre.

Si hacia fuera se da una imagen perversa, distorsionada y desde luego falsa de España; necesitada como nunca de una imagen positiva y estable que compense mínimamente los estragos de la crisis; hacia dentro se lanza un mensaje destructivo al resto de poderes del Estado de Derecho y a la propia opinión pública.

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Porque Iglesias está poniendo en duda la salud de la propia democracia, la actuación del poder judicial, el equilibrio de derechos y obligaciones y el respeto a las reglas de juego que regulan la convivencia y se sintetizan en la Constitución.

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Un vicepresidente puede defender la modificación de las normas, por los procedimientos regulados, pero no atacarlas con tanta irresponsabilidad sin respeto alguno  a la misma arquitectura legal que a él, por ejemplo, le confiere su estatus.

La enésima salida radical de Iglesias, semejante a la que le lleva a atacar a la Jefatura del Estado; a asaltar el Poder Judicial; a perseguir a la prensa incómoda o a blanquear a Bildu; es incompatible con un liderazgo político de un partido occidental, sin duda.

Pero sobre todo lo es con la permanencia de un Gobierno que ha de ser una de los primeros garantes de la democracia, de sus leyes y de su protección, y no el principal ariete contra todo ello. Que Iglesias profiera barbaridades predemocráticas es una cosa.

Pero que el PSOE le acepte y sostenga como socio institucional y le confíe la gobernación de parte del país, es un despropósito y un exceso que hay que imputarle a Sánchez en su ya extenso debe.