El Gobierno señala al Rey con una Ley de la Corona del agrado de sus enemigos

Impulsar una Ley de la Corona cuando todos los socios internos y externos del PSOE mantienen una feroz campaña contra ella no es una forma de protegerla, sino de dar pábulo al mensaje de sospecha que Podemos y los partidos independentistas extienden sobre la Casa Real, con esa mezcla de demagogia y sectarismo que les caracteriza.

La Monarquía está suficientemente definida en el Título II de la Constitución, y su refrendo popular es uno de los más altos de todas las instituciones y cargos públicos vigentes, pues obtuvo un abrumador respaldo directo de los españoles en el referéndum que aprobó la Constitución con el Rey como Jefe del Estado.

Un refrendo que sus detractores niegan, obviando que hasta al presidente del Gobierno no es elegido de forma directa, sino a través de un parlamento en el que las alianzas pesan más que las papeletas depositadas en las urnas por los ciudadanos: por eso Sánchez llegó a la Moncloa tras dos derrotas electorales en seis meses y se mantiene en ella con la menor representación propia en el Congreso de todos sus predecesores.

Carmen Calvo confirma el objetivo de reformar la Corona pero de la mano del Rey

En ese contexto, reformar equivale pues a asumir la falaz idea de que la Corona tiene un pecado de origen que se ha extendido y ampliado por los problemas de don Juan Carlos, cuyos excesos merecen una reprobación estética, de momento, pero no una condena anticipada extensiva además al conjunto de la institución.

Impulsar ahora una Ley de la Corona solo sirve para señalarla y para alimentar la campaña en su contra de una coalición de imputados y condenados

No se puede ser más duro con un gran Rey que no está imputado que con la coalición de imputados o condenados que soportan a un presidente que esconde todos los escándalos que le rodean mientras inventa, magnifica o enjuicia con otra vara de medir los ajenos.

Por eso, las reformas que la Corona pudiera necesitar para modernizarse, en términos sucesorios o de funcionamiento interno, solo deberían impulsarse en un contexto de respeto a la institución, a lo que representa y a lo que hace, con una dignidad muy superior a tantas otras.

Hacerlo con este paisaje, se diga lo que se diga de las intenciones positivas, legitima los feroces ataques, alimenta a sus impulsores y coloca a Felipe VI en una posición incómoda agravada por su necesario silencio institucional: la de asistir en directo a un desafío y además parecer connivente de algún modo con él.