| 06 de Diciembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Dolores Delgado
Dolores Delgado

La Fiscalía General del Estado no puede estar a las órdenes del presidente

Si el Supremo no ha podido revocar el nombramiento de Dolores Delegado a la primera, debe hacer a la segunda: es inaceptable que una ministra ocupe ese cargo subordinada a Sánchez.

| ESdiario Editorial

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de mayoría progresista según el recuento que suelen hacer los partidarios de denigrar otras resoluciones por "conservadoras", ha rechazado los recursos de PP y VOX contra el nombramiento hace casi dos años de Dolores Delgado, exministra de Justicia con Pedro Sánchez, como Fiscal General del Estado.

El Alto Tribunal no entra a juzgar la conveniencia del nombramiento, criticado incluso por la Comisión Europea en su informe anual sobre la salud de la Justicia en la Unión; y se ha limitado a negarle a ambos partidos su capacidad legal para presentar esa petición.

Algo más que discutible, pues si la ley no recoge el derecho de la oposición a intentar evitar injerencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, debería hacerlo con urgencia. En ese sentido, el portavoz judicial del PP, Enrique López, ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional en busca de amparo.

 

En todo caso, la inconveniencia de que una ministra de Justicia salte a la Fiscalía es evidente: en este órgano recae la capacidad de acusar y, cuando se apruebe la reforma de la Ley Criminal, también la de instruir casos y practicar diligencias, hasta ahora en manos de los jueces.

Y en este caso, eso equivale a sospechar que Sánchez puede tener un “arma judicial” a su servicio para iniciar acciones o evitarlas según sus intereses políticos. Lo dijo el propio presidente cuando, en una entrevista, se jactó de mandar en la Fiscalía y de tenerla a sus órdenes.

Una ministra de Justicia no puede acabar de Fiscal General con un presidente que presume de tenerla a sus órdenes

La relación de Delgado con Baltasar Garzón, un juez expulsado de la carrera por prevaricación, aumenta las dudas. Que quedan confirmadas por la trayectoria del Gobierno en el campo judicial: primero ocupó la Abogacía del Estado; más tarde la Fiscalía General;  a continuación trató de invadir o paralizar el Consejo del Poder Judicial y, por último, ha atacado y denigrado a tres tribunales de primera magnitud: el Constitucional, el Supremo y el de Cuentas.

Habiendo tantos fiscales de carrera respetables, conocedores de la jerarquía pero nada sumisos, elegir a Delgado no es una casualidad: Sánchez lo hizo para dar apoyo a su Gobierno. Y eso, en un Estado de Derecho, es inaceptable. Si la Justicia no es capaz de resolver un problema que le afecta y permite este despropósito, luego no podrá quejarse de sus graves consecuencias.