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Sánchez, los malos son Aragonés y Otegi, no Díaz Ayuso y Madrid
La Comunidad de Madrid anuncia una ley para protegerse del intolerable "155 fiscal" que ultima el Gobierno, laxo con los desleales y agresivo contra los más solidarios.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado formalmente esta semana la Ley de Autonomía Fiscal de la región, que obligará a todas las instituciones autonómicas madrileñas a actuar legalmente en España y Europa ante todo intento de injerencia del Gobierno de España en la política tributaria de Díaz Ayuso.
Subir los impuestos a Madrid es uno de los objetivos confesados por Pedro Sánchez, exigido además por ERC y que probablemente se intente imponer coincidiendo con la reforma fiscal ya en fase de presentación para el primer trimestre del año en curso.
Los cálculos de Madrid son que, de anularse las exenciones autonómicas sobre impuestos como el de Sucesiones o Patrimonio, los madrileños tendrán que pagar 5.900 millones más todos los años, con casos prácticos muy flagrantes: el tributo por heredar una casa podría pasar, por ejemplo, de 22 euros a 2.200.
Un 155 fiscal intolerable
Se da la circunstancia de que, con esa política fiscal, Madrid ha logrado ser la primera en PIB de España y, además, la más solidaria: el 70% del Fondo de Cohesión Interterritorial que llega a las Comunidades más necesitadas procede de los madrileños.
El “155 fiscal” a Madrid tiene, además de a Sánchez, otros promotores sorprendentes: dos Comunidades como la catalana y la valenciana son firmes partidarias de esa intromisión pese a que ambas defienden a la vez su propia autonomía.
Un ataque inadmisible que Ayuso, una vez más, intenta frenar, con toda la razón y con todo el respaldo de una sociedad, la madrileña, harta de ser señalada en vano por un Gobierno español injusto e irresponsable que indulta a la Generalitat y acosa, en vano, a la Puerta del Sol.
