Ponga un palacio en su vida

En los últimos días hemos conocido la noticia: la Diputación Provincial pretende impulsar en paralelo el desarrollo de los centros de congresos comprometidos en las ciudades de Alicante y Elche, con la intención de que los proyectos constructivos puedan quedar definidos en el horizonte de 2023. Ambas instalaciones se consideran compatibles y, además, de tramitación simultánea para evitar posibles “agravios comparativos”, según las fuentes competentes.  Por lo pronto, el cronograma trazado desde la institución provincial comprende la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos para concretar el reparto de papeles y responsabilidades en la ejecución de los dos proyectos. También, la distribución de aportaciones para costear su construcción.

En ambos casos sería la propia Diputación, desde las áreas de Presidencia y de Arquitectura e Infraestructuras, quien pilotaría el proceso de diseño y promoción de las obras, en coordinación con las Alcaldías y las respectivas concejalías de Urbanismo. Todo ello, además, con la confianza puesta en que la Generalitat acabe sumándose de manera efectiva al impulso de los dos proyectos y de que pueda contribuir a su financiación.

En principio, nada que objetar a ello –cada uno debe luchar por lo suyo- ni tampoco a que el arroz con costra se considere BIC como plato destacado de la gastronomía provincial, con especial tradición en Orihuela, Callosa de Segura, Elche y otros lugares. Otra cuestión, en cuanto al asunto que nos ocupa, sería debatir si lo que al final pretende cada Poncio es hacer su Palacio, independientemente de la rentabilidad derivada de tan costosas inversiones con cargo al erario público.

Porque, antes de llegar a donde queremos, vamos a recapitular. En Alicante, desde hace años, existe un Palacio de Congresos perteneciente al Colegio de Médicos, que justo ahora acaba de culminar el proceso de modernización de sus instalaciones. Posteriormente se construyó, precisamente por la Diputación, el ADDA (en servicio desde 2011) y respecto al que –con motivo del convenio firmado en 2016 entre la corporación provincial y el Ayuntamiento de Alicante-, el entonces presidente César Sánchez, afirmó: “Hoy es un día histórico porque el ADDA ya es oficialmente Palacio de Congresos de la provincia y de la ciudad".

Por otra parte, la ciudad de la Dama cuenta -desde marzo de 2003- con el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”, ubicado en pleno casco histórico. Y en Torrevieja existe desde 2011 un espléndido Auditorio de Música, construido a expensas de la Generalitat Valenciana, con aforo suficiente para toda clase de eventos. O sea: cuando se lleven a cabo los dos actualmente proyectados, la provincia dispondrá de seis Palacios de Congresos situados en distancias relativamente próximas si tenemos en cuenta las características de este tipo de actividades. Quede ahí el dato.

Mientras tanto, en Orihuela, el inmueble de la antigua iglesia de San Agustín, legalmente protegido como Bien de Interés Cultural, se encuentra clausurado desde hace treinta años, abandonado y en lamentable estado de conservación por lo que figura incluido en la Lista Roja del Patrimonio Español de la Asociación Hispania Nostra, en base a las siguientes razones: “Deterioro galopante. Desprendimientos. Desplomes en los muros portantes y en la torre. Múltiples fisuras. Cubierta deteriorada y pavimento levantado”.

Y eso que un informe del Consell Valencià de Cultura –fecha 25 de noviembre de 2008- sobre la situación del Centro Histórico de Orihuela ya instaba a que “se arbitren las medidas oportunas, incluyendo, en su caso convenios específicos, para la protección y rehabilitación del rico patrimonio eclesiástico, en algunos casos totalmente abandonado, como ocurre en el caso de la Iglesia de San Agustín”. Además, en otro documento aprobado por el Pleno del alto órgano consultivo de la Generalitat el 22 de junio de 2020, bajo el título La cultura como elemento de progreso en la Vega Baja, se recuerda que el inmueble está declarado como Bien de Relevancia Local (y en trámite el expediente para BIC), insistiendo en que “presenta un lamentable estado de conservación, con abundantes goteras, desperfectos en las vidrieras de las ventanas, deterioro de la cubierta de la cúpula y una marcada inclinación con respecto a la vertical de una de sus torres”. 

A la vista de la situación, y con ánimo de animar el debate, pienso que -una vez haya sido resuelta la cuestión de titularidad- podría acometerse la rehabilitación del histórico edificio como un espacio sociocultural dedicado a Centro de Interpretación del Barroco Mediterráneo (historia, arquitectura, escultura, pintura, música, literatura) que sea referente nacional, ya que su amplitud lo hace idóneo para exposiciones, recitales, conferencias y conciertos, así como centro de investigación y puesta en valor de figuras destacadas del barroco en las diferentes facetas de la época. Sea este u otro el destino del inmueble, parece fuera de toda duda que el edificio precisa una urgente solución que asegure –antes de que sea tarde- su supervivencia y, sobre todo, su utilidad pública.

Considero que sería esta la mejor forma para que los gestores de la Diputación Provincial –y, en su caso, de la Generalitat- disiparan esos “agravios comparativos” que citábamos al principio. Recordemos, a mayor abundamiento, que -en la Junta de Gobierno celebrada en Orihuela el 12 julio 2016- la ciudad de Orihuela ya fue declarada por la Diputación de Alicante como capital cultural de la Costa Blanca porque, según el entonces presidente César Sánchez, “Orihuela es uno de los mayores exponentes del rico patrimonio cultural e histórico-artístico que atesora la provincia”, una riqueza que –subrayó- puede contribuir a captar nuevas inversiones de empresarios para relanzar el sector hotelero y hostelero en la zona.

Pues eso: ya es hora de pasar de las palabras a los hechos. O de exigir donde proceda, de una vez por todas, lo que en justicia a Orihuela corresponde.