Los oficiales de prensa de la mayoría Frankenstein

Año 1937: el Boletín Oficial del Estado publica una resolución de la Secretaría General de S. E. el Jefe del Estado por la que se crea, con carácter transitorio, el cargo de Oficial de Prensa como responsable de “la vigilancia periodística y de atender a las personalidades extranjeras que deseen visitar la España liberada”, así como a los corresponsales. Los requisitos exigidos y los derechos inherentes al desempeño del cargo se concretan en la Orden del 19 de julio de 1937:

Segundo. Para ser oficial de Prensa, será preciso poseer un título universitario o formación profesional adecuada estar en posesión de varios idiomas y ser nombrado a tal efecto por la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda.

Tercero. Los oficiales de Prensa ejercerán sus funciones de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que se establezcan, respetando en todo momento las órdenes emanadas de las autoridades civiles y militares, según los casos.

Cuarto. Usarán en actos del servicio el uniforme de la milicia a que pertenezcan o el militar que le corresponda, usando todos ellos como distintivo un brazalete en el brazo izquierdo con las palabras Oficial de Prensa y el sello de la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, mereciendo la consideración de oficial a los fines de alojamiento y transporte.

Quinto. Todo oficial de prensa llevará en regla tanto su propia documentación como la de las personas a quien acompañe, y por todas las autoridades se le darán las máximas facilidades para el cumplimiento de la misión que tienen encomendada, teniendo sus salvoconductos oficiales la misma consideración que un pasaporte militar, de acuerdo con la orden de 25 de mayo de 1937.

Sexto. Los oficiales de Prensa no percibirán otros emolumentos que los que acrediten en su condición de funcionarios públicos por razón de la categoría y escalafón a que estén afectos, sin perjuicio de las indemnizaciones que como gastos de viaje les sean abonadas”.

Por otra parte, los periodistas madrileños que se encontraban en la zona sublevada constituyen la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, presidida por Víctor Ruiz Albéniz, y elevan al Gobierno de Burgos una solicitud de reconocimiento. Las funciones de esta institución quedan reguladas por una disposición oficial de fecha 7 de diciembre de 1937, firmada por Francisco G. Jordana. En la citada Orden podemos leer una referencia a la “evidente influencia” de la Prensa, además de enfatizar sobre que “su poderosa facultad suasoria ha permitido en no pocas coyunturas una contribución decisiva a males y desviaciones irremediables. Del mismo modo, con una inteligente dirección desde la zona rectora, de una espontánea voluntad desde su propio emplazamiento, la Prensa puede ser elemento de imponderable importancia y ancha dimensión en la obra conjunta de reconstruir el Estado”. Y el artículo 4º dice que “con la misión de depurar las listas de la referida Asociación, se ratifica el nombramiento del Tribunal de Admisión y Permanencia”.

La libertad de información debe siempre desarrollarse en un buen clima

Presidido por Luis de Galisonga, este Tribunal–según el testimonio del escritor anarquista Eduardo de Guzmán en Historias de la Prensa- dejó en paro sin indemnización a un centenar de personas: sólo quienes pudieron demostrar que habían trabajado activamente en la ‘quinta columna’ fueron considerados “dignos de continuar escribiendo”. Además, según la normativa aprobada al respecto, los alumnos de la Escuela Oficial de Periodismo (creada por orden 17 de noviembre de 1941), al terminar sus estudios, juraban “ante Dios, por España y su Caudillo, servir a la Unidad, a la Grandeza y a la Libertad de la Patria con fidelidad íntegra y total a los principios del Estado Nacional-Sindicalista, sin permitir jamás que la falsedad, la insidia o la ambición tuerzan mi pluma en la labor diaria”.

Contra la censura, contra los vetos y contra los guetos

No sé por qué, pero lo cierto es que la lectura de un escrito elevado hace escasas fechas a la Secretaría General del Congreso de los Diputados por (mutatis mutandis, actuales Oficiales de Prensa) los jefes de prensa de los grupos parlamentarios PSOE, UP, ERC, Junts, EH Bildu, BNG, CUP, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias y PDeCAT –las lectura del texto, digo-, me ha recordado aquellos tiempos en los que al periodista español se le ofrecía “la magnífica alternativa de obedecer o ser sancionado”, como dejó escrito Miguel Delibes en La censura de Prensa en los años 40 (y otros ensayos). “Durante las últimas semanas –dicen los colegas al servicio de los partidos actuales- observamos con preocupación el comportamiento de algunas personas acreditadas en la sala de prensa” y añaden que “Dicho comportamiento desvirtúa las ruedas de prensa”. Pasan a continuación a la autodefensa: «Consideramos intolerables las faltas de respeto que se han producido hacia el personal de algunos grupos parlamentarios que rompen el clima de cordialidad y decoro entre periodistas, políticos y personal”. Y terminan pidiendo que se tomen medidas “sin poner en riesgo la libertad de información y el buen clima en la sala de prensa”. Menos mal... Entiendo que la libertad de información debe siempre desarrollarse en un buen clima; pero, la verdad, no encuentro en el Reglamento de la Cámara que el secretario general de la institución tenga entre sus funciones tales cuestiones.

Al parecer, la denuncia de los Oficiales de Prensa de los partidos de izquierda y los nacionalistas tiene su origen en los rifirrafes de algunos portavoces parlamentarios con periodistas de 7NN o Estado de Alarma TV, negándose a responder a algunas de las preguntas que éstos les formulaban en la sala de prensa. Los encontronazos que tuvieron más repercusión fueron protagonizados por el portavoz de Podemos, Pablo Echenique; o el de ERC, Gabriel Rufián. Y en su ayuda acudieron los contratados que a ellos se deben, olvidándose –cínica doble vara- de cuando protestaban por el plasma de Rajoy, que tan ampliamente ha sido superado por su sucesor.

Lejos ya aquellos tiempos de la vieja máxima profesional –“Perro no come a perro”-, y también sin entrar a dilucidar la profesionalidad de los que como tal ejercen, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha salido en una nota por la solución salomónica, invocando las generales de la ley: reitera su llamamiento  “tanto a periodistas como políticos para que sus relaciones se desarrollen en un clima de respeto mutuo, que favorezca el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información”. Y recuerda que los periodistas, “especialmente cuando las comparecencias de prensa se producen en el seno de las instituciones públicas y ante informadores debidamente acreditados, tiene derecho a hacer, de manera respetuosa, las preguntas que atañen a la actividad de los políticos”. Faltaría más.

No contaminemos el noble oficio periodístico con las batallas al servicio de posicionamientos sectarios que lleven de nuevo a escribir desde las trincheras de papel

O menos. Porque la APM remata de esta forma la faena de aliño: “Los políticos, por su parte, tienen el derecho de no hacer comentarios, si así lo consideran oportuno, a las preguntas que les sean formuladas. En ningún caso, ese derecho les faculta para hacer descalificaciones dirigidas a los periodistas o a los medios a los que representan”.

El PSOE y sus socios quieren vetar a los periodistas que les hacen preguntas incómodas

El franquismo –volvamos a él ya que parece que está de moda- pretendía (Orden de 1 de octubre de 1938, de recompensas y estímulos para periodistas) que la Prensa fuera altavoz de sus órdenes y de sus realizaciones, quería “una Prensa capaz de interpretar adecuadamente los anhelos, la doctrina, los propósitos y la emoción de la Patria redimida y de la futura grandeza de España”. Y, sin recato alguno, ya en el preámbulo de esta disposición se citaba por primera vez la palabra “consigna”. A mayor abundamiento, en 1943 se crea la Unión Española de Periodistas cuyo objetivo era “el mejoramiento moral y educación política de los periodistas españoles”, dando cuenta el Registro Oficial de la inscripción obligatoria de sus miembros.

Por favor, no volvamos a las andadas. No contaminemos el noble oficio periodístico con las batallas al servicio de posicionamientos sectarios que lleven de nuevo a escribir desde las trincheras de papel. Que aquí ya hubo –mal que le pese a algunos- una ejemplar Transición. Y, con ella, una Constitución que garantiza la libertad ideológica (art 16) y a expresarse y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, sin que el ejercicio de estos derechos pueda restringirse mediante ningún tipo de censura (art. 20). Nadie debe olvidar esto, pero mucho menos quienes –periodistas o no- trabajan en la Cámara Baja.