| 13 de Abril de 2024 Director Benjamín López

× Portada España Investigación Opinión Medios Chismógrafo Andalucía Castilla y León Castilla-La Mancha C. Valenciana Economía Deportes Motor Sostenibilidad Estilo esTendencia Salud ESdiario TV Viajar Mundo Suscribirse
Emilio Bascuñana, Rafael Almagro y Sabina Goretti Galindo, en los antiguos juzgados de Orihuela
Emilio Bascuñana, Rafael Almagro y Sabina Goretti Galindo, en los antiguos juzgados de Orihuela

El Consell accede a enviar una comunicación oficial ‘también en castellano'

Aunque resulte paradójico, el envío del documento oficial en castellano se ha hecho después de que el Ayuntamiento oriolano lo requiriese de manera expresa, al ser su lengua habitual

| Redacción Orihuela Edición Elche

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Orihuela aceptará la cesión del inmueble de los Antiguos Juzgados, aprobada por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, tras haber recibido rectificado el oficio que, en una primera instancia, enviaron solo en valenciano. El artículo 24 del Decreto 61/2017, del 12 de mayo, del Consell, regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas en la administración de la Generalitat, siendo en su punto 2 donde cita textualmente que “las comunicaciones de la Administración de la Generalitat con las entidades que integran la Administración Local u organismos dependientes de los territorios de predominio lingüístico castellano se redactarán en valenciano y en castellano”.

 

En este sentido, el documento enviado en un principio por el Consell no se ajustaba a la legislación vigente, por lo que la Junta de Gobierno no pudo incluirlo en el orden del día de las últimas sesiones celebradas e instó a la Generalitat a que reenviarán el mencionado oficio y su resolución también en castellano, para poder aceptar la cesión.

 

Con la recepción de este inmueble se pondrá fin a 16 años de espera de un edificio que debería estar a disposición de los ciudadanos de Orihuela. El Ayuntamiento asumió en 2005 la construcción del actual Palacio de Justicia con un costo de 5 millones de euros y, según convenio, la Generalitat pagaba un alquiler de arrendamiento con opción a compra por el uso de esas instalaciones, que finalmente se ejecutó, y además cedía al municipio el antiguo inmueble.