Condenado el alcalde de Elche por "vulnerar" los derechos del PP

Una sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche ha condenado al alcalde ilicitano, Carlos González (PSPV-PSOE), por no entregar un informe jurídico solicitado por el PP sobre el Mercado Central y la decisión del gobierno local bipartito de rescindir el contrato. Según la sentencia, se han vulnerado los derechos fundamentales del grupo municipal del PP.

El juzgado ha estimado el recurso presentado en su día por el portavoz del PP de Elche, Pablo Ruz, y condena al Ayuntamiento a permitir el acceso al informe en un plazo de 20 días y a pagar las costas judiciales por valor de 575 euros. El vicesecretario de Comunicación del PP de Elche, Sergio Rodríguez, ha acusado al alcalde de tener aires de "caciquismo" y le ha instado a "pedir perdón a la ciudadanía por estas prácticas infames".

La sentencia señala que "la negativa sin otro fundamento que el unilateral criterio del alcalde de considerar innecesaria la documentación solicitada para el desarrollo de las funciones del concejal interesado infringe el derecho fundamental establecido en el art. 23.1 de la Constitución". Por su parte, el portavoz de la junta de gobierno local, Héctor Díez, ha destacado el respeto hacia la oposición y ha recordado que el alcalde tomó la decisión de preservar el contenido del informe por defender el interés general frente a una posible demanda de la empresa adjudicataria del proyecto y no por una cuestión "caprichosa".

El proyecto del Mercado Central fue adjudicado en la legislatura 2011-15 gobernada por el PP e incluyó la construcción de un nuevo edificio con un aparcamiento subterráneo, lo que ha provocado las críticas de colectivos ciudadanos y partidos políticos, que apuestan por la rehabilitación del edificio.

En noviembre de 2019 la Junta de Gobierno aprobó encargar a los departamentos de Urbanismo y Contratación el inicio de los trámites del expediente de resolución del contrato del Mercado Central con la mercantil Aparcisa, tras la aparición del acceso a un refugio de la Guerra Civil en el subsuelo del edificio de abastos. Una decisión "fundamentada en derecho y amparada en los informes técnicos", según Díez, y que se produjo después del ultimátum del alcalde a la empresa para que diera una respuesta sobre llegar a un acuerdo amistoso para la rescisión del contrato y no tener contestación.

Los populares rechazaron el fin del contrato del Mercado Central, al calificarlo de "legal" y considerar que esta ruptura con la empresa adjudicataria supondría una indemnización millonaria que "deberían pagar todos los ilicitanos". Ante esta situación, solicitaron el informe que les fue denegado y ahora les han dado la razón.