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SANTI RODRÍGUEZ, SECRETARIO GENERAL PP CATALUNYA

Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como

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El dirigente popular repasa el caos generado por la Generalitat e insiste en que el diálogo es posible dentro de la ley. Además, repasa la cadena de cacicadas perpetradas por el soberanismo.

 

 

Debo empezar este artículo dejando claro que hoy en Catalunya hay una sola legalidad vigente ya que las leyes del referéndum de autodeterminación y de la transitoriedad jurídica aprobadas irregularmente por el Parlament, están suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Esta situación anula ya cualquier acción posterior del Govern o del Parlament relacionada con estas leyes; pero ahora situémonos, simplemente como ejercicio de ficción, en la supuesta legalidad separatista.

Pide al Parlament que deje en suspenso la proclamación de la república. Y el Parlament no toma ningún acuerdo, porque como la proclamación, es retórica

Según esta presunta legalidad se convocó con nocturnidad y realizó un referéndum incumpliendo numerosos preceptos del decreto que lo regulaba. Los miembros de la sindicatura electoral de Catalunya y de demarcación, que debían constituir la administración electoral, renunciaron todos. Se desconoce el censo utilizado, por lo tanto también el criterio para determinar los miembros de las mesas, a los cuales tampoco se les pudo notificar su función, etc...

Resumiendo se trató de un acto (utilizar el adjetivo electoral, supondría la degradación del término) organizado por separatistas, partidos, entidades subvencionadas y el propio Govern, vigilado por ellos mismos, al que asistieron fundamentalmente solo ellos, controlaron ellos, que fueron los mismos que contaron sus propios votos y los mismos que dieron los resultados. Como colofón, los presuntos observadores internacionales que ellos trajeron y pagaron también ellos, concluyeron que "el referéndum no cumplía los estándares internacionales".

De mentira en mentira

Y ellos siguen pretendiendo aplicar su presunta legalidad, así, el art. 4.4 de la suspendida ley del referéndum de autodeterminación establece: "(...) el Parlamento de Catalunya, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Catalunya (...)".

Como la sindicatura electoral no existe, quien proclama los resultados es ... no sabemos. Pero vale, es el vicepresidente quien los comunica al Parlament, cuya Mesa "toma nota" pero ni publican, ni trasladan esos resultados a nadie, excepto a la prensa, claro.

Que en vez de dos sean cuatro los días y que la sesión aunque denominada ordinaria, no tenía nada de ordinaria, son detalles, quizás de tiquismiquis; ahora bien, el pasado día 10 de octubre, el Parlament no efectuó ninguna declaración, ni formal ni informal de absolutamente nada. Hubo una intervención del President que dijo muchas cosas, muchas mentiras, y también "proclamó la república catalana", otra mentira, pero es ni más ni menos que una intervención del President, nada que se pueda asemejar a una "declaración formal del Parlament", que se debería materializar en una votación.

¿Suspensión de qué?

Pero además dice que pide al Parlament que deje en suspenso la proclamación de la república, petición sobre la cual el Parlament no toma ningún acuerdo, básicamente porque la petición, como la proclamación, es retórica.

Y siguen, el Govern y los diputados separatistas se van al auditorio del Parlament, como hubieran podido ir al bar, y, sin ruborizarse, firman un documento bajo el título: "Declaración de los representantes de Catalunya", por el que "constituyen la república catalana"!¡  Pero, ¿quiénes son ellos para arrogarse el título de "representantes de Catalunya"? y ¿qué autoridad, siquiera moral en ese entorno, tienen para constituir nada que no sea un club de amigos?

 

Cualquier posibilidad de diálogo no debe despreciarse, pero sin llevarse a engaño; es más, sin dejarse engañar

 

Es loable, parece, la apelación al diálogo, a la negociación, incluso a la mediación, pero es imprescindible que digan qué esperan, no vaya a ser, que es, que lo que quieren dialogar, negociar o mediar es cómo se materializa la segregación de Catalunya del resto de España, lo cual no está al alcance de nadie más que del conjunto de españoles. ¡Que nadie se lleve a engaño, porque es éste el diálogo que piden!

Contra la convivencia

Pero al final, el fondo del debate no es éste, sino que con semejante nivel de seriedad y rigor es imposible administrar siquiera una pequeña comunidad de propietarios (con perdón de la CUP), así que no es de extrañar que alguna empresa haya decidido salir pitando de la Catalunya gobernada por éstos, después de escuchar tal cúmulo de despropósitos, y después de ver cómo ha estado muy comprometida la pacífica convivencia entre catalanes.

Al margen de todos estos "pequeños detalles", la inestabilidad política, pero también económica y social que genera esta situación perjudica sobremanera la sociedad catalana. El nivel de desafío y de amenaza real al Estado, a las instituciones democráticas, y al conjunto de la sociedad, no puede ser asumido, y requiere de las medidas necesarias para restablecer el ordenamiento constitucional, como máxima garantía de la democracia y del estado de derecho en Catalunya. 

La respuesta de España

Ese es el objetivo de las acciones iniciadas por el Gobierno de España, requerir al President de la Generalitat, para que ponga negro sobre blanco, cuál considera el Govern, retóricas al margen, que es el ordenamiento jurídico de aplicación en Catalunya para de ésta manera poder aplicar las medidas necesarias, muy necesarias, para restablecer el orden constitucional vulnerado en Catalunya.

Cualquier posibilidad de diálogo, por remoto que pueda parecer, no debe despreciarse, pero sin llevarse a engaño, es más, sin dejarse engañar, porque en realidad lo que pretenden es utilizar la apelación al diálogo y a la negociación para ganarse la simpatía de vaya a saber quién. Ahora bien, los separatistas deben saber que cualquier diálogo debe pasar por reconocer la única legalidad posible, que es aquella que expresa en el primer párrafo de éste artículo.

 

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