| 28 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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España 155 - Golpistas 0

El Gobierno, con el abrumador respaldo de los españoles representados en PP, PSOE y C's, no ha intervenido Cataluña: se ha limitado a rescatarla de los secuestradores que la retenían.

| Antonio R. Naranjo Opinión

 

 

Ni ha sido tarde ni ha sido insuficiente: el Gobierno de España, con la Constitución como amparo y el respaldo de la inmensa mayoría de los ciudadanos representados en tres de los cuatro partidos nacionales, ha anunciado la respuesta adecuada a la infame insurgencia encabezada por los inquilinos de las instituciones en Cataluña.

Conviene recalcar que no se suspende la autonomía ni se interviene el autogobierno, por mucho que ésa sea la enésima falacia del soberanismo: simplemente, se restituye la legalidad vigente, garantía del ejercicio de las libertades y los derechos de los catalanes a través de la Carta Magna y de su Estatuto.

España no interviene Cataluña; la libera de sus secuestradores, con la ley y la razón en la mano

Puigdemont, y todos sus socios ideológicos y civiles, han tenido secuestrada la ley en Cataluña y convertido a los ciudadanos a los que se debe en rehenes de un desvarío no sólo ilegal, sino también irresponsable, sectario, frentista y agresivo; alimentado a fuego lento durante lustros de implantación de una semilla del odio que finalmente estalló.

El Estado de Derecho no puede nunca claudicar, pero tampoco puede actuar con precipitación y desde la fuerza bruta: para imponer la ley el primer requisito es cumplirla, y una herramienta tan traumática como el artículo 155 tiene definido un procedimiento garantista incompatible con las prisas. Es de esperar que todos los que hasta hoy dudaban de la capacidad de Rajoy, trasnformando su cautela en debilidad, sepan hoy rectificar.

La pinza de Iglesias y Puigdemont

Recurrir a ese artículo es, por definición, el último recurso cuando todos los demás han fallado; y hacerlo con un elevado consenso (en este caso de PP, PSOE y Ciudadanos, un hurra por Sánchez y otro por Rivera) algo más que una conveniencia: es la manera de demostrar que, más allá de diferencias ideológicas e intereses partidistas, en la defensa del mejor sistema democrático que nunca tuvo España no hay diferencias ni fisuras, algo especialmente necesario cuando enfrente se ha consolidado una especie de frente nacionalpopulista en el que se juntan soberanistas y Podemos en una pinza inquietante. Confirmada hoy mismo con la lamentable salida en tromba de los Iglesias, Echeniques y Monederos de turno para auxiliar a los soberanistas y convertir la defensa de la España que quieren dirigir en un asunto de monárquicos, retrógrados y franquistas.

También es necesario recalcar que la unidad de España, como concepto democrático, jurídico e histórico; nunca ha estado ni estará en juego: simplemente es imposible, amén de ilegal, si no es decidida por el conjunto de los españoles, en los que reside ahora y residirá en el futuro la soberanía nacional. Cambiar eso es prácticamente imposible, y desde luego no lo es por la fuerza de unos alocados dirigentes catalanes que han probado su desquiciamiento y deberán pagarlo en los tribunales sin excepción.

 

Rajoy, Sánchez y Rivera juntos es una grantía frente a un nacional- populismo que retrata a Iglesias al margen de la Constitución

 

El conflicto es más de orden público, y seguramente esa certeza explica el inmenso cuidado, no siempre entendido, que le ha puesto el Ejecutivo, hasta el punto de dar la equivocada sensación de que no respondía con energía a la envergadura del desafío: ahora todo el mundo entenderá, sin duda, que esa cautela no era debilidad y que el respeto escrupuloso a las garantías es la mejor manera, si no la única, de ser inflexible e inequívoco.

El orden público

Los altercados que pueda haber ahora evidenciarán el auténtico espíritu del soberanismo catalán, comandado por un partido antisistema y tercermundista como la CUP que, a cambio de darle la Generalitat a Puigdemont, le han convertido en cabecilla de la algarada.

Pero si esto ocurre, conviene decir lo mismo que contra toda la propaganda independentista: hacer respetar la ley en Cataluña es la única manera de proteger los intereses, los derechos y las libertades de los catalanes. Y excluir legalmente a quienes pervierten esa máxima, una necesidad inexcusable.

A Cataluña no se la ha invadido, se la ha rescatado de una secta peligrosa que lleva lustros intoxicando a la ciudadanía y ahora estaba dispuesta a llevar su vergonzoso pulso hasta el final. Ocurra lo que ocurra ahora, frenar ese despropósito era imperativo. Con la democracia no se negocia; a los chantajistas no se les escucha: si sólo les queda el recurso a la violencia, habrá que saber responder. España ya sabe lo que es sobrevivir al terror si acaso a alguien se le ocurre volver a utilizarlo ante la certeza de que ya no tiene otras herramientas.