| 28 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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El juez Pablo Llarena (Confilegal)
El juez Pablo Llarena (Confilegal)

Llarena, un juez en la diana

EL CGPJ pide al Ministerio del Interior protección para él y reclama "sensatez y calma" a la ciudadanía de Cataluña, una comunidad cuya realidad social y política conoce bien el magistrado.

| M.V. / P.P.H. Opinión

Desde hace meses es la bestia negra de los separatistas y está, por tanto, en el punto de mira del independentismo. Pero en los últimos días, con la reactivación de la euroorden contra Puigdemont y su detención en Alemania, se le ha colgado literalmente la diana al juez de Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en Cataluña, una comunidad que, por otra parte, conoce al detalle.

Hasta tal punto ha aumentado la presión y la amenaza sobre Llarena, que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una declaración donde condena el ataque en Das (Girona) a una residencia allí del juez Llarena y reclama al Ministerio del Interior que se tomen medidas de protección para el magistrado.

Es un juez meticuloso que conoce bien la realidad catalana y trabajó en Barcelona durante años

En la declaración, el CGPJ considera el ataque a la residencia de Llanera, donde la organización juvenil Arran ha realizado pintadas como '¡Llarena fascista! Ni en Das, ni ningún sitio', 'Los Països Catalans serán vuestro infierno' y 'Libertad Presos Políticos', "entraña una manifiesta coacción" sobre el magistrado y su familia, y atenta "contra las funciones que tiene encomendadas como miembro y servidor del Poder Judicial".

Además, el CGPJ anuncia que ha dado cuenta de estos hechos al Ministerio del Interior para que se tomen medidas de protección al juez y su familia, y también a la Fiscalía General del Estado para que "se proceda a la investigación de los delitos que pudieran haberse cometido".

La declaración, por lo demás, hace una llamada a "la sensatez y la calma a la ciudadanía en Cataluña para que cualquier discrepancia que mantenga con el contenido de las resoluciones judiciales se exprese por cauces civilizados y dentro de la ley", expone el CGPJ.

 

 

La declaración ha sido aprobada con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales Fernando Grande-Marlaska, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, José María Macías y Pilar Sepúlveda. La vocal Concepción Sáez ha votado en contra.

Nacido para el Derecho

Aunque se dio a conocer hace unos años por la controvertida causa contra el cantante del grupo Def con Dos, César Strawberry, ha sido con la investigación judicial de los hechos del procés la que ha puesto en foco en Pablo Llarena Conde (Burgos, 1963), un hombre nacido para el Derecho, según los que le conocen. Y no solo porque sea el hijo de un matrimonio de abogados. Su pasión por la judicatura y su preparación rigurosa le avalan.

Presente en la carrera judicial por oposición desde 1989, ha hecho la mayor parte de su trayectoria como jurista en Cataluña precisamente. Así, fue presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, órgano al que se incorporó en 1998, donde dejó huella por su carácter dialogante y afable. Fue, asimismo, profesor de la Escuela de Práctica Profesional de la Abogacía de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor colaborador de un postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Barcelona.

En enero de 2016 fue nombrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por 16 votos, es decir, con el consenso del grupo progresista y conservador del órgano de gobierno de los jueces. No obstante, él está afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, de la que fue portavoz y presidente entre enero de 2013 y noviembre de 2015. Y justamente desde esta asociación defendió una solución política al problema del separatismo catalán.

Quejas de todos

Por este conocimiento directo de la realidad social y política en Cataluña, así como su talante ponderado y analítico, muchos expertos consideran que el caso de la rebelión separatista, y su complejísima instrucción, no puede estar en mejores manos, por más que le lluevan críticas desde muchos sectores nacionalistas y mediáticos, y también judiciales.

Gran parte de la carrera judicial de Llarena se ha desarrollado en Cataluña, donde presidió la Audiencia Provincial de Barcelona y fue profesor universitario

De hecho, su instrucción está recibiendo quejas de casi todas las partes. Por ejemplo, cuando se resistió a imputar al jefe de los Mossos d’ Esquadra,el major Josep Lluís Trapero, pese a la insistencia de la Fiscalía. O cuando rechazó la excarcelación de los líderes del procés -Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis– en un momento en que sí lo quería, y así lo expresó, el Gobierno de Mariano Rajoy.

Algunos colegas críticas la excesiva “contaminación política” de algunos de sus autos. Y otros, entretanto, se tiraban de los pelos por no cursar a la euroorden contra Puigdemont cuando viajó a Dinamarca en enero pese a que así se lo exigió la Fiscalía.

Pero ahora, además de las críticas, existen las amenazas. Y ese puede ser el eslabón más débil de Llarena, casado con la actual directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, y padre de dos hijos que han decidido no seguir la tradición familiar del Derecho y decantarse al alimón por la ingeniería aeronáutica.