¿Un 155 lingüístico?

Un 155 lingüístico. Sirva la metáfora para definir el intento de impulsar una ley en el Congreso, por iniciativa popular, que permita algo tan en principio obvio como sin embargo difícil en estos momentos y ya desde hace lustros: que cualquier niño pueda escolarizarse en español... en todos los rincones de España.

Mientras proliferan los casos de imposición lingüística en el ámbito de la función pública, la polémica en el campo educativo ya es antigua: las transferencias a las regiones con lengua propia provocaron su hegemonía en el sistema educativo, con leyes ad hoc que más allá de la aprobación o rechazo, del número de afectados o quejas, consagraban un fenómeno sin precedentes en el resto de países de Europa. El español, cuyo conocimiento es "un derecho y una obligación" para todos los españoles según la Constitución, desaparecía como lengua única para aquellos niños cuyos padres así lo desearan en la escuela pública.

En Cataluña sólo se escolariza en español a quien lo pide, pero lo envían a un colegio privado costeado

A la vez que la lengua de Cervantes se consolidaba en el mundo, con más de 500 millones de hablantes; en las aulas públicas catalanas retrocedía. Y no es la única comunidad. Y a eso pretende responder  la plataforma Hablamos Español,  que ha recogido ya más de 30.000 firmas, en pocos días, para impulsar una iniciativa legislativa popular que sirva para blindar la lengua española en las escuelas e instituciones públicas en todo el territorio nacional.

Algo que ahora es imposible en Cataluña, donde la inmersión obliga a inscribirse en colegios privados a cargo del erario público si se quiere optar por una enseñanza en castellano, y es casi inviable también en el País Vasco y Navarra. Valencia y las Islas Baleares son otros puntos calientes en el que las lenguas propias intentan imponerse a las comunes en la enseñanza pública, convirtiéndolas así en una herramienta de construcción nacional, tal y como reconocen los propios promotores.

500.000 firmas

Se trata de una proposición de ley admitida en las Cortes el pasado mes de septiembre y que deberá recoger 500.000 firmas para ser llevada a debate en la Cámara Baja y, en su caso, aprobada, según han explicado sus impulsores.

La recogida de firmas se inició el pasado viernes, en la Puerta del Sol de Madrid. Para la presidenta de la plataforma, Gloria Lago, el apoyo recibido ya es una señal de que "los españoles, cada vez más, están concienciados del problema lingüístico que existe en muchas comunidades" y ha garantizado que la recogida de firmas se extenderá a "todos los rincones de España", empezando por Barcelona.

La proposición de ley que impulsa la plataforma pretende, por un lado, "garantizar que todos los niños de España podrán estudiar en español, si así lo desean" y, por otro, asegurar "que los hispanohablantes de todas las comunidades autónomas tengan los mismos derechos lingüísticos", algo que consideran que está siendo conculcado en comunidades como Cataluña, Galicia, Islas Baleares, País Vasco y Comunidad Valenciana.

En varias comunidades

"En Cataluña ya no se puede estudiar ninguna asignatura en español. En el País Vasco se entorpece la elección de la línea en nuestra lengua. En Baleares, Galicia, o Comunidad Valenciana, se aprueban normas que la eliminan de asignaturas clave, disfrazando esta imposición bajo nombres como 'trilingüismo' o 'plurilingüismo'. Quienes llevamos tiempo trabajando en esto sabemos que detrás de la promoción y conservación de estas lenguas hay intereses políticos y también económicos", aseguran desde la plataforma.

La inmersión beneficia a grupos y perjudica a los niños, según los promotores de la ley

En este sentido, consideran que el actual es un "momento clave" porque "ahora que todo indica que la LOMCE va a ser derogada" y que "se anuncia un gran pacto educativo", creen que es necesario dotarse de una legislación específica para regular el derecho a elegir la lengua en las escuelas y "también en los otros ámbitos donde se está excluyendo el español".

Grupos de presión

Según los promotores de esta iniciativa, la imposición lingüística no es sólo un asunto político clave para los movimientos nacionalistas, sino también un negocio. "Beneficia al lobby formado por personas y empresas que consiguen subvenciones y ventajas por la promoción de las lenguas cooficiales, además de puestos de trabajo bien remunerados, viajes con gastos pagados con motivo de actos y reuniones, y acceso a círculos de influencia que les permiten crecer empresarialmente y que les dan prestigio para ascender profesionalmente. En ese lobby hay, principalmente, editores, escritores, filólogos, y empresas de audiovisual", explican.

Y a su juicio, también "beneficia a partidos nacionalistas y sus plataformas, asociaciones, y fundaciones, que utilizan las lenguas cooficales como un elemento de diferencia, para crear una identidad, una nación. También a otros partidos que no llevan el nacionalismo en sus siglas, pero que necesitan fomentar la identititis, la diferencia, porque muchas personas de sus partidos se benefician del entramado de los cargos y del negocio que generan".

 Medio millón de firmas harían posible que al menos ese debate, presente ya en la calle y en los medios de comunicación, llegara al Congreso de los Diputados, donde difícilmente triunfaría salvo que el PSOE se uniera a PP y Ciudadanos en este otro '155'.

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