| 15 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

El asalto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al Poder Judicial

El PP no bloquea la renovación del CGPJ: se resiste a que el Gobierno colonice un poder básico del Estado de Derecho y a frenar los planes que incluye ese asalto. Éstas son las claves.

| Fernando de Rosa Opinión

 

 

En el acto de apertura del año judicial, el Presidente del CGPJ reclamó el acuerdo entre los partidos políticos para renovar el gobierno de los jueces. Hoy por hoy con la negativa a negociar una renovación del CGPJ, el Partido Popular es el único partido que está anteponiendo los intereses de la Justicia constitucional a los intereses partidistas.

Este verano hemos visto cómo Pablo Casado ha frenado la imposición de Podemos a Sánchez de asaltar el Poder Judicial como simple reparto de puestos derivado del acuerdo del Gobierno de coalición social-comunista.

Así Sánchez ha preferido seguir pagando a su socio aceptando  sus pretensiones de asalto de las instituciones del Estado. Ya le ha permitido controlar el CNI y ahora acepta que quiera controlar el órgano de gobierno de los jueces colocando peones que le permitieran dinamitar un Poder que hasta ahora ha  resistido a sus planes de rendición constitucional a sus socios golpistas.

 

He escuchado decir a algún periodista que es anticonstitucional no renovar el Consejo, que la Constitución, incluso han llegado a afirmar que es una obligación de los partidos políticos renovarlo y que Pablo Casado tiene esa obligación de ceder para la renovación.

Estos opinadores tienen que tener en cuenta que la Constitución debe de cumplirse en toda su extensión y para poder participar en dicha negociación es necesario respetar íntegramente todo su articulado , también aquel artículo que establece la unidad de España y la monarquía constitucional y no solo querer que se cumpla lo que conviene y el resto atacarlo como hace Podemos.

En consecuencia es de sentido común exigir a quienes quieran  participar en una renovación de los órganos constitucionales, un acatamiento expreso de la constitución y renunciar a  romper la legalidad de forma unilateral.

Por eso Unidas Podemos no puede ser parte en ninguna negociación ya que  junto con sus socios ERC y Bildu tienen un proyecto común por encima del independentismo y de cualquier bandera de coyuntura: la derogación del régimen de 1978 cuyo fruto más evidente es la Constitución.

Pedro Sánchez ha llevado al gobierno de la nación a un partido desleal y rompedor, y  con su absurda y egoísta visión de la historia, les ha dado alas y poder en el Gobierno, el problema ahora es que se lo quiere dar también  en el Poder Judicial.

 

 

Poco a poco Podemos quiere copiar en España el modelo que implantó en Venezuela, del que se lucraron sus dirigentes con millones de euros, que consiste en  el control de los tres poderes: el legislativo, ejecutivo y judicial,  la realidad es que no les importa  realmente la democracia, lo que pretenden es influir, desde dentro, para acabar con el orden constitucional.

Lo curioso es que el Presidente Sánchez no se ha fiado de Pablo Iglesias en todo lo relativo a la fusión Caixa-Bankia hasta el punto de que Iglesias haya afirmado que se enteró por la prensa, en cambio  pide al Partido Popular que se fíe de Podemos a la hora de negociar la renovación del Poder Judicial. Si no es de fiar en asuntos económicos menos es de fiar en asuntos judiciales.

El asalto

¿O es que Sánchez participa de la idea de dinamitar desde dentro a los Jueces?, porque muchas veces parece que existe un plan trazado desde el Gobierno de contentar a los separatistas y radicales entregándoles la cabeza de una Justicia independiente, Justicia que se ha convertido en la obsesión de estos grupos radicales , puesto que fue la valentía del Poder Judicial lo que frenó y sigue frenando la pretensión independentista.

Por eso, desde el Partido Popular no se está bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se está frenando el asalto  de quienes, sin duda, pretenden humillar a Jueces y Magistrados, ocupando otra institución del Estado para su uso partidista y destrucción del contrario, como se está produciendo en el CNI.