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Cospedal, Rajoy y Cifuentes, en el Congreso Regional donde la última fue elegida presidenta del PP (EP)

PABLO IGLESIAS ACELERA PESE A QUE NO HAY CASO

Dos informes más desmontan la operación contra Cifuentes

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No existe 'Caso Cifuentes', ni para el juez ni para los servicios jurídicos ni para los rivales de la presidenta cuando se adjudicó un contrato a Cantoblanco. El acoso político es la clave

La 'Operación Cifuentes', un terremoto político artificial con la moción de censura al fondo, se ha estrellado contra la realidad por la acumulación de pruebas, documentos y decisiones del propio juez que disuelven la realidad jurídica del inexistente caso pero, tal vez por ello, redoblan la campaña política que le ha sucedido.

El globo contra Cifuentes ya es entendido como una operación contra todo el PP, con Podemos de percutor político

O tal vez precedido, con el repentino anuncio de una moción de censura de Podemos, nada más ser detenido Ignacio González gracias a la denuncia de la propia Comunidad de Madrid, que ahora se entiende mejor: la 'Operación Lezo' era la plataforma, al menos política, para que el Podemos más controlado tal vez por Pablo Iglesias en toda España, el de Madrid, lanzara una ofensiva al el PP con Rajoy como objetivo final.

A Cristina Cifuentes le ha salido todo el PP a defender. Por si había alguna duda al respecto, desde Mariano Rajoy hasta Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, presentadas ambas con exceso de literatura como enemigas internas, mostraron su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid ante lo que ya todo el mundo en Moncloa y Génova entienden como una operación contra el PP que no se parará en la Puerta del Sol.

Pese a que el juez Eloy Velasco, implacable con el PP de Madrid, ha ignorado los informes de la UCO que relacionaban a Cifuentes con una adjudicación en la Asamblea de Madrid a favor de un empresario que luego hacía donativos al partido, la tormenta política se ha recrudecido con nuevas filtraciones de la misma unidad de la Benemérita y, sobre todo, con el redoble del ataque de Podemos al trono madrileño.

 

 

Frente a eso, el Gobierno de la Comunidad y los servicios jurídicos de la Asamblea han elaborado dos prolijos informes en los que, con todo lujo de detalles, se explica cómo fue el procedimiento de adjudicación de la cafetería del Parlamento regional a Arturo Fernández, pope del grupo Cantoblanco y expresidente de CEIM y de la Cámara hoy caído en desgracia, a cuyo contenido han accedido ESdiario y ElSemanalDigital.

Dos informes, el juez y la fiscalía desmontan toda sombra sobre Cifuentes, pero el ruido sigue

En ellos, se detalla el camino administrativo seguido, la participación de miembros de partidos rivales (uno de los cuales, del PSOE, ha defendido en público la legalidad de todo), el respeto al pliego de condiciones y, finalmente, la decisión por unanimidad de la Mesa de la Asamblea en un contrato que nunca fue la panacea: la restauración en sedes institucionales es más una cuestión de imagen que de dinero para el operador, que no resiste a mostrarse en la Asamblea, el Congreso o el Senado pese a que los números difícilmente cuadran. De hecho, Cantoblanco renunció a seguir dando el servicio cuando la crisis afectó al conjunto de sus operaciones y ese 'negocio' se demostró una ruina.

En los informes, se recalca además una evidencia refrendada por el propio juez Velasco y la Fiscalía: no existe diligencia judicial de ningún tipo ni contra los tres miembros de la Mesa de Expertos que elevó sus conclusiones a la Asamblea ni, mucho menos, contra Cristina Cifuentes, de quien el magistrado en persona se ha ocupado de hacer llegar a la opinión pública el mensaje de que no hay nada sospechoso en la actuación de la presidenta madrileña.

Los servicios jurídicos insisten en que el informe de la UCO no tiene más valor que el de cumplimentar una diligencia, tal y como parecen refrendar la judicatura y la fiscalía. "Nunca es una prueba, ni puede contener valoraciones de carácter jurídico cuyo monopolio en exclusiva corresponde al filtro judicial. No es ni un indicio, ni una prueba, ni una diligencia de investigación, ni menos un peritaje", afirma el texto, antes de concluir que el contenido de la 'acusación', desoída por el juzgado, está repleto de "presunciones, juicios de valor y planteamientos prospectivos carentes de base probatoria y fáctica alguna".

¿La clave está en 2008?

La pregunta que flota en el aire es sencilla. ¿Por qué, si ni siquiera el juez y la fiscalía, le dan importancia, la UCO insiste y Podemos multiplica su escalada contra Cifuentes?  A la segunda parte de la pregunta es más sencillo responder: Podemos tiene intención de mantener el discurso detonado al principio de la 'Operación Lezo' hasta el final de la legislatura, y buscará un hilo conductor hasta entonces entre Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes para elevar la tensión y, de paso, poner en aprietos a Ciudadanos y al PSOE.

Pablo Iglesias ha dado órdenes precisas de ensayar en Madrid la moción de censura contra Rajoy y, aunque ésta no prospere, será el hilo discursivo de la formación morada hasta 2019.

El objetivo es seguramente Rajoy. E Iglesias ha dado órdenes de ensayar en Madrid mientras juez y UCO sí investigan la caja B

A la primera parte es menos fácil responder. La UCO es una unidad muy profesional que, como cualquier organismo vivo, puede cometer errores. Pero no parece sencillo cargarle intenciones políticas ni coincidencias tan aparatosas con la estrategia de Podemos, consistente en atropellar como sea a Cifuentes para, al menos, poner en cuarentena la imagen que se había ganado como azote de la corrupción, incluso la de su propio partido.

La explicación puede estar en la vía que la UCO y el juez Velasco han compartido y en las que las coincidencias, cada uno en su misión, son más grandes: la financiación de la campaña del PP en 2008 para el propio Rajoy, con dinero supuestamente recaudado por Fundescam e invertido en actos electorales del entonces candidato a la presidencia.

Algún medio, como Vozpópuli, ya se atreve a adelantar esa hipótesis que, de ser cierta, explicaría el mal trago de Cifuentes: ella sería un injusto daño colateral de las pesquisas de la UCO, pese a que ni siquiera participó en la elaboración de los pliegos y no decidió nada en solitario; y de la feroz campaña de Podemos.

Mientras, en el cuartel general de Sol cunde una mezcla de indignación y sorpresa por cómo un tema despreciado por el juez y explicado al detalle jurídico y administrativo, pretende estirarse para dañar a la presidenta que, creen, más enérgica ha demostrado ser en la lucha contra la corrupción. "Es increíble", aciertan a decir mientras las piezas de un puzzle complejo, donde se mezclan ley, política y ambiciones terminan de encajar.

 

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