Las cuentas por aclarar de los altos cargos

No es que no existan, pues se difunden públicamente las de todos ellos en la web del Congreso, gracias a lo cual se sabe por ejemplo que Pablo Iglesias declaró más rentas que Mariano Rajoy; es que no se investiga, a juicio de la oposición, si lo que se declara oficialmente se corresponde con la realidad. Tampoco se hace, por cierto, con sus señorías del resto de partidos.

Tres años sin verificar  los números y la lista de propiedades de los altos cargos del Gobierno central. Y ni un día más, al menos para los grupos parlamentarios del PSOE y Unidos Podemos, que han reclamado en el Congreso que la Oficina de Conflictos de Intereses, responsable de este menester y adscrita al Ministerio de Hacienda, ejerza un mayor control de la veracidad de las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Precisamente estos días el Gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido un año en el cargo y sigue sin publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las declaraciones de Patrimonio de los ministros y secretarios de Estado, como tiene prometido desde 2014, año de la última publicación.

En un informe referido al periodo 2012-2014, el Tribunal de Cuentas desveló que la Oficina de Conflictos de Intereses, a quien se encomienda la vigilancia de las incompatibilidades, no verifica las declaraciones de los altos cargos, ni tampoco busca posibles omisiones, y que en ese periodo sólo solicitó aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecían en la prensas.

En concreto, el Tribunal de Cuentas criticaba que la Oficina de Conflictos de Intereses "se limitó" entre 2012 y 2014 a gestionar los registros de bienes y actividades de los altos cargos, pero "no desarrolló las facultades que le atribuye la ley para verificar e investigar" la información declarada.

El Tribunal de Cuentas ha criticado que la Oficina de Conflictos de Intereses no haya verificado las declaraciones

El organismo que vigila las incompatibilidades tampoco utilizó la posibilidad legal que tiene de colaborar con las administraciones tributarias y de la Seguridad Social para comprobar la documentación o detectar posibles omisiones, y ni siquiera tiene establecidos procedimientos para ello. Igualmente, no comparó las declaraciones con las inscritas con anterioridad.

"Únicamente se solicitaron aclaraciones sobre datos o actividades previamente declaradas por los propios altos cargos o sobre noticias aparecidas en prensa. No se realizó comprobación alguna sobre los bienes y actividades de los altos cargos de las entidades fiscalizadas que no declararon actividades ni aparecieron en prensa", añadía el informe.

¿Qué pasa con las puertas giratorias?

Además, la institución que dirige Ramón Álvarez de Miranda criticaba que la Oficina no valoró la posible existencia de conflictos de intereses cuando un alto cargo se reincorporó a la función pública, a un organismo internacional o cuando inició una actividad en una empresa de nueva creación, el fenómeno que se conoce como "las puertas giratorias".

De hecho, entre 2012 y 2014 la Oficina no tramitó ni conoció denuncia alguna sobre presuntos incumplimientos de la Ley de Conflicto de Intereses, y tampoco inició, instruyó o resolvió expediente sancionador alguno. Y con respecto a los informes que la Oficina envía periódicamente al Congreso, el Tribunal de Cuentas considera que "resultan poco útiles para ofrecer información relevante sobre las actividades y los posibles conflictos de intereses" pese a cumplir con todas las previsiones legales.

En ese contexto, tanto el PSOE como Podemos han presentado propuestas de resolución en relación con ese informe pidiendo a la Oficina un "control más exhaustivo" de las declaraciones de los altos cargos, iniciativas a revisar por la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.

En sus resoluciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE habla en concreto de realizar comprobaciones de las declaraciones de los altos cargos contrastándolas con las antiguas, y pide también que se les requiera a subsanar defectos u omisiones bajo amenaza de abrir un procedimiento sancionador. Unidos Podemos pide por su parte "desarrollar todas las facultades" que permite la ley para "verificar e investigar los datos declarados".

Rajoy sí publica su declaración en la web del Congreso. Y Zapatero creó la medida en 2006

Hasta el PP reconoce implícitamente que la situación debe mejorar al incidir "especialmente" en la conveniencia de realizar "comprobaciones periódicas y aleatorias" para verificar los datos declarados por los altos cargos.

Mientras tanto, el Gobierno del PP sigue sin publicar los patrimonios de los ministros y secretarios de Estado, una iniciativa que en 2006 implantó el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que la última vez que se cumplió, como se señalaba al principio, fue en 2014.

Ley reguladora

Según Julio Naranjo, director general de Arpinum Asociados, primera consultora especializada en Transparencia en España, sería "oportuno" subsanar esa deficiencia, pues a la cuestión "estrictamente legal" se le añade otra de "conveniencia política y estética", aunque insiste en la necesidad de "no criminalizar" a continuación el patrimonio o rentas de los cargos públicos. "No podemos exigirles Transparencia y luego criticar lo que se deriva de ella", añade.

La aprobación posterior de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, una de las medidas de regeneración promovidas por el PP en su legislatura de mayoría absoluta, dejó esta publicación pendiente de un reglamento que nunca llegó a ver la luz. La conclusión es que el actual gabinete de Rajoy ha cumplido un año y que, en contra de lo que venía ocurriendo anualmente hasta 2014, el BOE no ha publicado esas declaraciones de bienes de los nuevos ministros ni de los cesados.

Consulte AQUÍ las declaraciones de intereses de todos los diputados.