| 20 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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El Gobierno forzó la exhumación de José Antonio un mes antes de las elecciones

Patrimonio Nacional, que depende de Bolaños, comunicó a la familia que el traslado debía hacerse "necesariamente" en abril. Los descendientes pidieron varias fechas antes y después.

| Benjamín López España

El lunes 24 de abril no fue la fecha elegida por los descendientes de José Antonio Primo de Rivera para exhumar los restos. El Gobierno forzó que se hiciera “necesariamente” en abril después de descartar dos fechas propuestas por los familiares, según confirman a ESdiario fuentes internas de Patrimonio Nacional y del entorno de la familia, que se muestra no obstante hermética en este asunto. 

Antes de decantarse finalmente por el 24 de abril, la familia solicitó proceder al traslado al 27 de marzo, pero Patrimonio Nacional a falta de una semana comunicó sin más explicaciones que no era posible. Todos los permisos estaban ya preparados. Los permisos pertinentes ya estaban aprobados y aparentemente no había ningún obstáculo que impidiera la exhumación. 

Patrimonio nunca argumentó la negativa, pero lo cierto es que la fecha elegida por la familia coincidió con la remodelación del Gobierno anunciada por Sánchez: la salida de las ministras de Industria, Reyes Maroto, y de Sanidad, Carolina Darias para dedicarse a sus respectivas candidaturas electorales en la ciudad de Madrid y en el ayuntamiento de Las Palmas. Coincidencia o no, lo cierto es que la apariencia al menos es que tras esa negativa a la fecha elegida por la familia hubo razones de estrategia y conveniencia política del Gobierno.

Ante esa tesitura las dos ramas de la familia Primo de Rivera que han intervenido en las negociaciones acordaron otras dos fechas que trasladaron a Patrimonio Nacional: el lunes 19 de junio o el lunes 26 de junio. Dos alternativas para que Patrimonio tuviera más complicado negarse a una de ellas. Y sin embargo lo hizo. De nuevo trasladó su negativa a los familiares. “Ni hablar”, fue la respuesta de este organismo que depende del Ministerio de Presidencia y Memoria Democrática. Esta vez sí hubo al menos un argumento: “todo estaba listo ya”, junio era “demasiado tarde” y el traslado debía hacerse “necesariamente” en abril. 

 

La familia propuso el 27 de marzo y se le denegó sin explicaciones. Lo mismo sucedió con dos fechas más de junio. Al final el Gobierno impuso que se hiciera en abril, un mes antes de las elecciones

La familia, según confirma su entorno, decidió no pelear más a pesar de estar convencidos de que el Gobierno pretendía aprovechar la exhumación de José Antonio como arma electoral, igual que ocurrió en 2019 con la de Francisco Franco. Aceptaron abril y buscaron la fecha simbólica para ellos del día 24, 120 aniversario del nacimiento del fundador de Falange. 

 Para evitar el “circo mediático”, el acuerdo con el Gobierno incluía la confidencialidad total de la fecha. Patrimonio Nacional aceptó la exigencia de la familia, que no quería prensa ni testigos ni fotografías. Pero el pasado jueves 20 de abril alguien rompió el acuerdo y la fecha se filtró a los medios de comunicación para disgusto de los descendientes que habían llevado todo el proceso con el máximo sigilo posible. 

De hecho, la única vez que se han pronunciado oficialmente sobre el asunto, el 10 de octubre de 2022 a través de un comunicado, los familiares pidieron de manera expresa a los medios de comunicación “que respeten nuestro deseo de llevar este proceso en la intimidad”.