Ve la luz el segundo informe forense del 8M que tumba la versión de Illa y Simón

Ni la purga en la Guardia Civil ni la actitud obstruccionista de la Fiscalía contra la juez Carmen Rodríguez-Medel van a tapar la responsabilidad del Gobierno por el 8-M.

El segundo informe del médico forense adscrito al Juzgado de instrucción número 51 reprocha a las autoridades que faltó autoprotección de los ciudadanos que asistieron a manifestaciones como la del Día de la Mujer porque no se alertó del "gran riesgo" que existía de contagiar el coronavirus.

Así consta en el segundo informe forense firmado por el médico forense Julio Lorenzo Rego, con fecha de 8 de junio, dentro de la investigación dirigida por la magistrada que investiga un posible delito de prevaricación por el que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

"Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, un terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque a posteriori es más fácil analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe epidemiología y se dedica a ello domina los parámetros productivos y no es algo imprevisible, no lo es", sentencia gráficamente el informe del forense.

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El documento señala que el haber evitado manifestaciones como la del 8-M habría frenado una "amplia difusión" del Covid-19, "de igual modo que de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio" habría facilitado que los ciudadanos "adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad".

En el mismo documento se dice que "no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones" antes del estado de alarma decretado el 14 de marzo y que resultara infectado por el Covid-19 "lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimientos públicos, etc.".

El médico forense ratifica las cuatro conclusiones del informe preliminar, el del 19 de abril, ya que el 28 de febrero desde la Delegación del Gobierno de Madrid "se dispusieron las medidas adecuadas para proteger a las personas que en esa institución trabajan".

"En cambio", añade el informe, "no se instó a que quienes comunicaban manifestaciones o concentraciones en la vía pública en el periodo objeto de investigación que dispusieran la evaluación del riesgo sanitario que dichas manifestaciones comportaban, como recomienda la OMS -y además es lógico y natural- desde que se instauró la epidemia".

Un informe que deja en muy mal lugar al ministro Salvador Illa y al doctor Fernando Simón.