El objetivo no es don Juan Carlos, sino derribar a la Corona y al Régimen del 78

De manera aparentemente voluntaria, Juan Carlos I ha anunciado a través de la Casa Real su inminente marcha de España, el país del que fue Jefe de Estado a título de Rey durante 40 años cruciales en los que logró una enorme popularidad y elevó el prestigio de la institución como pocos.

Con él se enterró el franquismo, que le había designado para prolongarse tras la muerte del Dictador. Y con él, también, llegó la democracia y se consolidó ante la amenaza involucionista que renegaba de la Transición y se oponía a la voluntad de la sociedad española.

El afecto que logró se debe a todo ello, y a la coincidencia entre su reinado y la etapa de mayor progreso y prosperidad experimentada por España en su historia reciente. Su salida, aceptada cuando no impulsada por su hijo y sucesor, oscurece sin duda ese legado y pone en primer plano su discutible comportamiento personal.

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Una figura simbólica no puede apelar en exclusiva a la ley, que ni le ha acusado ni mucho menos condenado por nada bien es cierto, para justificar las sombras que plantean sus actitudes: la ejemplaridad, difícil de definir pero sencilla de reconocer, no ha presidido su vida personal de un tiempo para acá, y en alguien de su posición tan importante es el ser como el parecer.

Pero no hay que ser ingenuos. Ni el nivel de exigencia ética y estética en España es el mismo que se ha aplicado a don Juan Carlos ni, tampoco, el objetivo de la campaña es en exclusiva él, utilizado como mera excusa de quienes, al calor de un supuesto interés por la pulcritud, en realidad buscan un cambio de régimen desde la destrucción del creado en 1978.

Vemos marcharse al extranjero a un servidor público que ni siquiera está formalmente acusado de nada; en el mismo país encabezado por un Gobierno desbordado por escándalos y mentiras que comenzó su andadura desalojando al presidente legítimo por "higiene democrática" y la ha coronado mintiendo con descaro sobre las víctimas del coronavirus para tapar sus pavorosas negligencias en materia preventiva.

Que Sánchez plagiara su tesis o Iglesias se quedara con la SIM de su colaboradora mientras denunciaba su robo no han tenido la sanción que, sin embargo, se le impone al Rey Emérito y se le extiende a su sucesor y a la institución que ambos representan, en un claro ejercicio de filibusterismo político que solo tiene una explicación: se quiere avanzar hacia un cambio de régimen en el que populistas y separatistas, báculo actual del Gobierno, tengan más sencillo prosperar en sus fines.

Objetivo acabar con el 78

La salida en tromba de Podemos denigrando a don Juan Carlos y presentando su marcha como una fuga, pese a que ha estado y estará a disposición de la justicia española, es un indicio evidente de cómo hará Pablo Iglesias de este asunto su bandera más vistosa.

Y la reacción de Pedro Sánchez, de indiferencia hacia el antiguo Rey y de respaldo tibio y condescendiente hacia su heredero, añade gasolina al fuego, especialmente con alguien que ha demostrado en incontables ocasiones que el valor de su palabra es ínfimo: con la misma facilidad con que pasó de repudiar al independentismo a deberle su investidura; saltará de defender a la Corona a alimentar su final si con ello atiende mejor sus intereses.

Por último, queda por aclararse la postura de Felipe VI, que de un lado parece promotor del ocaso de su padre por el bien de la Monarquía pero, de otro, mero traductor formal de una imposición externa. No tiene fácil su papel, desde luego, pero si poniéndose a favor del populismo de doble rasero que campea en España cree que la Corona se salvará, está profundamente equivocado.