El independentismo en la encrucijada

A estas alturas de la partida “procesista”, ERC tiene que optar, si quiere seguir con su estrategia habitual: no vulnerar la Ley de forma directa ni ostensible, puesto que ya quedó claro tras la celebración del referéndum, ilegal del 1-O de 2017, que eso conlleva condenas de cárcel e inhabilitación, pero sí retorcer la norma y aplicarla a su conveniencia. Eso es exactamente lo que está pasando ahora a cuenta de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC ), avalado por el Tribunal Supremo (TS), que obliga a impartir el 25% de las horas lectivas en español, en las aulas catalanas.

El Govern de Cataluña y su presidente, Pere Aragonés, tienen de plazo hasta el 31 del presente mes de mayo para ejecutar -y explicar cómo lo hacen- la polémica Sentencia que, a efectos prácticos, supondría estudiar una asignatura más diaria a la que ya se imparte en español, que lógicamente, es lengua castellana.

Defensores de la política de inmersión lingüística que se ha venido aplicando en Cataluña desde los albores de la democracia, realmente decididos a acabar con todo aquello que recuerde al Estado español en la comunidad catalana, han convertido la pelea lingüística en un arma política de primer nivel.El hostigamiento del español en la escuela catalana es pieza clave en esta batalla.

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Aragonés tiene que resolver esta misma semana si quiere apoyarse en la muleta que le ofrecen tanto el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, como los comunes de Ada Colau, que apuestan por pactar una nueva Ley en la que se establezca que el castellano (como se acostumbra a llamar en Cataluña al español) es una lengua vehicular, pero en la que no se establezcan porcentajes, de modo que los directores de los centros escolares tengan libertad para organizar lo que les plazca, puesto que no hay cuotas que respetar, simplemente una declaración de intenciones en las que se afirma que el castellano también es lengua vehicular en la escuela catalana.

Esta larga cambiada tuvo inicialmente el apoyo de los independentistas de Junts, pero ese acuerdo duró poco más que aquella breve Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que se aprobó en el Parlament poco antes de que Carles Puigdemont, el entonces Molt Honorable president de la Generalitat y hoy mucho menos honorable para muchos, expresidente fugado de la Justicia española.

Los de Junts buscan pelea y no contentos con pelear hasta el aburrimiento con sus socios de ERC, luchan entre ellos (Jordi Turull, contra Laura Borràs y ambos disputan su cuota de poder al ex presidente Puigdemont, que organiza sus estructuras de supuesto poder en el exterior) pero en esta ocasión, se han propuesto poner ante la encrucijada a Aragonés, a quien el cuerpo, como decíamos, no le pide ni comisaría ni mucho menos cárcel, pero sí una suerte de desacato encubierto de la sentencia.  Junts le pide a Aragonés la aprobación de un Decreto que se “cisque” a la práctica en la sentencia del castellano y que dé inicio a otro conflicto entre Administraciones y la Administración de Justicia.

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A Aragonés que, según fuentes del independentismo, sigue todavía encendido con el Gobierno y con los socialistas, que permitieron que el CNI le espiase o quizás fueron ellos mismos quienes lo ordenaron, le produce rechazo darse esos besitos de pico con Illa, además de producirle cierto vértigo provocar una ruptura con Junts que le echaría directamente en brazos del PSOE de Pedro Sánchez, a través de persona y partido interpuestos: Salvador Illa y el PSC.

Sin embargo, la sentencia es clara, su ejecución es de obligado cumplimiento a partir del 31 de mayo y Aragonés y ERC tendrán que decidir esta semana con quién quieren casarse, para tratar de concluir su legislatura y a un año vista de las elecciones municipales, en las que ERC tiene puestas grandes expectativas y para las que no quiere un coro de hiperventilados del independentismo que les organicen una campaña tachándoles de traidores y botiflers (algo que vienen haciendo diversos sectores de Junts o de su entorno en los últimos tiempos).

Por si fuera poco, a Aragonés se le añade la amenaza de Cs, decididos a denunciar ante los tribunales cualquier intento de burlar la literalidad de la sentencia y, por tanto, de la aceptación de la presencia del 25% del castellano en las aulas catalanas. Pero el tiempo apremia y Aragonés tendrá que tomar una decisión… tic tac..tic tac