08 de Mayo de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

× Home España Medios Tribunales Opinión Estilo Chismógrafo Deportes Tecnología Tvcine Economía M. Ambiente ESdiario TV Mundo C. Valenciana Andalucía
Pablo Iglesias entrevista a Zapatero en una emisión de La Tuerka.

Moncloa dio portazo a la petición judicial de Bolivia contra Iglesias y Zapatero

Una respuesta parlamentaria al PP arroja luz sobre las razones por las que el Gobierno de Sánchez no dio curso a la comisión rogatoria reclamada por las autoridades de La Paz.

| Miguel Blasco España

Los intentos de las autoridades judiciales de Bolivia de seguir la pista al oscuro papel desempeñado en aquel país por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y por el expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, chocaron contra el muro del Palacio de la Moncloa. Por que la comisión rogatoria que La Paz pretendía impusar para interrogar a ambos fue tumbada por el Gobierno de coalición. Ahora han salido a la luz los motivos por los que las pesquisas no fructificaron.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez devolvió a Bolivia, por considerar que no estaba suficientemente fundamentada, la comisión rogatoria que enviaron sus autoridades para citar como testigos por los incidentes en la Embajada de México en La Paz al vicepresidente segundo, a Zapatero, a Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón y el exjuez Baltasar Garzón.

En una respuesta parlamentaria, el Gobierno señala que "devolvió la comisión rogatoria a la Autoridad Central boliviana solicitando que se fundamentara adicionalmente la conexión" de esas personas con los sucesos del 27 de diciembre del pasado año. "Se estimó que en la comisión rogatoria recibida originalmente dichos nexos no tenían la fundamentación necesaria", detalla el Ejecutivo a una pregunta del PP en la que añade que "no tiene ninguna preocupación" por esa solicitud de asistencia judicial.

 

Iglesias y Montero intercambian regalos con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en una visita de ambos a La Paz.

 

El incidente en cuestión tuvo lugar cuando dos diplomáticos españoles en La Paz visitaron a la embajadora de México, María Teresa Mercado, que había dado asilo a varias personas afines al expresidente Evo Morales en esa primera etapa del Gobierno provisional de su sucesora, Jeanine Áñez.

A su salida, se encontraron con que las fuerzas de seguridad bolivianas no les permitían salir y solo tras varias gestiones pudieron hacerlo en un coche enviado por la canciller boliviana. El Gobierno de Áñez sospechaba que los diplomáticos españoles querían reunirse con los asilados en la Embajada o ayudarlos a salir y el caso derivó en una crisis con la expulsión de los diplomáticos de las respectivas embajadas.

Tras estos sucesos, el Fiscal General de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció el inicio de los trámites para pedir las comparecencias de estos cinco políticos en calidad de testigos, además de un informe sobre los policías españoles implicados en el incidente de diciembre. Desde entonces, el Gobierno de Bolivia ha cambiado de signo tras las elecciones de octubre y los partidarios de Evo Morales han vuelto al Gobierno, pero Lanchipa sigue en su puesto.

En su respuesta al PP, Moncloa no aclara cuándo se recibió ni cuándo se devolvió la comisión rogatoria, solamente que fue "tras el fin del estado de alarma en junio y la subsiguiente reanudación del ritmo ordinario de gestión de las peticiones de asistencia judicial internacional".

El pasado octubre, fuentes diplomáticas explicaron que la competencia del Gobierno en este tipo de solicitudes de cooperación jurídica "se limita a la recepción de la solicitud, comprobación de que reúne los requisitos formales exigidos por el Convenio y su envío a la autoridad judicial competente para su ejecución".

La respuesta parlamentaria enviada al PP no menciona expresamente si fue un tribunal quien consideró que a la comisión rogatoria le faltaba fundamentación, solo que el Gobierno la devolvió tras "la reanudación del ritmo ordinario de gestión de las peticiones de asistencia judicial internacional".