La número dos chavista forzó un pago de la filial de PDVSA que defiende Garzón

La presión del gobierno chavista sobre el presidente de Bariven, Javier Alvarado, para el pago a una firma china fue un ultimátum. El ministro del Petróleo y presidente de PDVSA (petrolera estatal venezolana), Rafael Ramírez, le reenvió en diciembre de 2012 una carta escrita por la entonces vicepresidenta venezolana (ministra de la Presidencia) Carmen Teresa Meléndez, hoy alcaldesa de Caracas. La misiva rezaba así:

“El propósito de la presente tiene como finalidad remitir para su evaluación y fines consiguientes, previo cumplimiento de las formalidades legales a que hubiere lugar, comunicación consignada ante este despacho en fecha de 19 de diciembre de 2012 por la ciudadana Rosa Elena Archila ceo para América Latina de Shengli Oil Field Freet Petroleum (teléfono de contacto xxx), mediante la cual denuncia presuntas irregularidades relacionadas con la inclinación y favoritismo hacia empresas trasnacionales de los Estados Unidos y Europa, desplazando a las empresas de la República Popular China, destacando el caso del fabricante Shengli Oil Field Freet Petroleum Equipement, a quien actualmente se le adeudan por parte de PDVSA, filial Bariven, el pago de 30.000.000 $ [26,5 millones de euros], encontrándose la fábrica en emergencia por un inicio de acciones legales de la aseguradora Sinosure, representante del seguro de riesgo internacional del gobierno chino, poniendo en riesgo la relación de esa empresa con nuestro país”.

La acusación contra el presidente de Bariven era casi de alta traición: no sólo se le achacaba arruinar a una firma con un impago, sino de favorecer a los odiosos yanquis en perjuicio del gobierno amigo chino, que hacía caja con tal negocio. Esto explica que la CEO de una desconocida petrolera china tuviera acceso a la mano derecha de Hugo Chávez. Y que la vice Meléndez lanzara acusaciones tan graves sin pruebas contra un alto funcionario venezolano.

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La razón de que tal pago no se abonase es que Bariven, según fuentes relacionadas con la operación, no había recibido el material contratado por un precio extrañamente redondo: 30 millones de dólares.

Cifra que por su monto era decisión de PDVSA su aprobación, en cuya directiva tenían asiento Nicolás Maduro y Asdrúbal Chávez, primo del presidente. Alvarado, presidente de Bariven, pidió entonces al presidente de PDVSA, Ramírez, una auditoría sobre todos los pagos de esta filial. Quería demostrar la falta de cuadratura entre pagos y entregas sin mojarse denunciando el robo que suponía el pago de 30 millones de dólares por nada.

No hubo auditoría. Y Alvarado fue destituido cuatro meses después de apuntarle la vicepresidenta. El pago se hizo poco después por el director de finanzas de PDVSA, según fuentes de la petrolera. La suerte de dicha ceo de petroleras chinas cambió radicalmente tras laminar a Alvarado con la ayuda de la vicepresidenta.

Archila figura vinculada a Champrise Trading Limited, fundada en 2007 en Hong Kong. Y su cliente más destacado es Venezuela y, especialmente, PDVSA: “Actualmente prestamos servicios en diversos proyectos públicos en el área petrolera de Venezuela, ubicándonos como una de las primeras empresas que trabaja directamente con grandes fabricantes provenientes del continente asiático, demostrando calidad, responsabilidad, excelentes tiempos de entrega y ética profesional. Participación en proyecto de la faja petrolífera del Orinoco.

Proveedores internacionales de PDVSA. Ejecucion de nuevas tecnologías en infraestructura petrolera en asociación estratégica con los grupos: Shengli Oilfield Freet Petroleum Equipment co., ltd. Highland Petroleum Equipment co., ltd. Shengli Oilfield Shengji Petroleum equipment co., ltd. Starse Group. Todos fabricantes petroleros de la Republica Popular China”. Archila, además, ha gestionado una empresa de exportación de vinos y maderas en España.

Nicolás Maduro junto a Carmen Meléndez, actual alcadesa de Caracas.

Pero si la recomendada ceo de firmas chinas tiene tal currículo de negocios con Venezuela a través de dicha trama, su mentora Meléndez fue relacionada por El Confidencial con una red de ocultamiento de patrimonio liderada por Norka Luque, que controlaba compañías y cuentas en siete países: Thorsby Enterprises Corporation y NDVM 777 Times Holding INC en Panamá; cuentas en el Davos Bank en Londres y en la Union Bancaire Privée en Mónaco; Lillien International Finance Limited y Lagrinius Corporation en Islas Vírgenes Británicas; Amaze Holding Limited en San Vicente y las Granadinas; Emerald Legend SL en España; y Proyectos DVM 3000 CA y Distribuidora Officetech 3652 CA en Venezuela. Nuevamente, una empresaria que hace fortuna con negocios en Venezuela y reinvierte millones en patrimonio en suelo español.

Luque también controlaba en Venezuela la firma Invergroup, supuesto origen de sus fondos junto con la herencia paterna y Offictech 3652, cuando creó en Panamá Overseas Management Company. Ofrece amplios servicios: creación de sociedades, fundaciones privadas, fideicomisos y estructuras administradas...Y con presencia en América, Asia, Europa, Medio Oriente y el Caribe. Garantiza asistencia las 24 horas.

Todo esto rodea un contrato de 30 millones de dólares que aprobó PDVSA bajo mandato de Maduro, hoy presidente venezolano, y al que la juez María Tardón no le puede hincar el diente porque Bariven, que tiene como defensor al bufete de Garzón, no entrega las actas decisorias de las compras de 2009 a 2015, periodo que denunció salpicado por 2.600 contratos irregulares.

La demora de estas actas decisivas dura ya dos años. Juan Carlos Peinado, titular del juzgado 41 de instrucción de Madrid, en 24 horas y sin consulta con Fiscalía, denegó exigirlas a PDVSA en 2019.

La juez María Tardón no le puede hincar el diente a este caso porque Bariven, que tiene como defensor al bufete de Garzón, no entrega las actas decisorias de las compras de 2009 a 2015, periodo que denunció salpicado por 2.600 contratos irregulares.

Argumentó que eran irrelevantes, aunque aflorarían la autoría de los contratos investigados, y que estaban en inglés, idioma en el que sí admitió pruebas acusatorias. La juez María Tardón, juzgado 3 de la Audiencia Nacional, las reclamó por fin en 2020 con el apoyo de la fiscalía. Siguen sin llegar al juzgado pese a su relevancia: si existen comisiones por contratos de Bariven parece ineludible saber quién los aprobó. Y, las actas, pueden ilustrar sobre miles de contratos más concedidos por la junta directiva de PDVSA, integrada por la cúpula chavista.

El caso de Meléndez demuestra que los fondos de PDVSA y sus filiales sirvieron para hacer alta política, como ya es público que se utilizaron también para financiar campañas electorales del chavismo (los narcosobrinos lo testificaron) y a partidos extranjeros afines como Podemos o la guerrilla colombiana (Hugo Carvajal dixit).

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La relación Meléndez/China no acaba en su etapa de vicepresidenta. En 2013 es nombrada ministra de Defensa, puesto desde el que firmó compras con el gigante asiático a través de Citic, firma china que sufrió irregularidades contables y detenciones de sus directivos. Operó casualmente en negocios vinculados con PDVSA y el sector petrolífero, justo el área donde hizo presiones vía Meléndez un año antes.

Meléndez acumula otras manchas en su uniforme de almiranta. Desde 2017 figura entre los dirigentes chavistas sancionados por EEUU con embargo de bienes por derrocar la asamblea constituyente. Como ministra de Interior vinculó al opositor Leopoldo López con supuestas intentonas terroristas.