La Audiencia de Madrid destapa diez años después un feo montaje contra el PP

Otra macrooperación contra una presunta trama de corrupción vinculada al PP -con sus dosis de pena de telediario, añadidas- que queda años después en agua de borrajas.

La Audiencia Provincial de Madrid acordó este lunes absolver a todos los procesados del juicio por el caso Guateque, tras considerar que todas las pruebas practicadas durante la instrucción son nulas y carentes de validez, ya que la grabación magnetofónica que dio origen a la investigación judicial fue realizada sin autorización del juez, y al margen de cualquier procedimiento penal. Esta operación estaba relacionada con la concesión de licencias del Ayuntamiento de Madrid.

Los magistrados culpan de la nulidad de la prueba del caso Guateque a la "mala fe" de "agentes no identificados" de la Guardia Civil, al dar cabida a una prueba que nació "viciada" tras una grabación que se obtuvo sin autorización judicial y que dio origen a la denuncia.

El auto de incoación del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, afirma la sentencia, se fundamentó en una supuesta grabación espontánea realizada el día 6 de marzo de 2007 por un ciudadano por su cuenta y por sus propios medios, pues así resultaba del atestado, y "no en lo verdaderamente sucedido, que de haberse puesto en conocimiento del juzgado, tenía que haber sido determinante para declarar la nulidad de la grabación y el consiguiente sobreseimiento y archivo de las actuaciones".

Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La intervención judicial en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente descubrió una presunta red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento, dirigido entonces por Alberto Ruíz-Gallardón.

En el marco de la instrucción cumplieron prisión preventiva un total de diez imputados, entre ellos los presuntos cerebros de la trama. Seis años después, se acordó la imputación formal de 34 personas por delitos de cohecho, negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental, entre otras infracciones penales. 

El abogado defensor de Joaquín Fernández Castro, el que fuera máximo responsable del Departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, aseguró tras conocer la resolución que "se ha hecho Justicia, pero a medias"

Así lo afirmó José Miguel Serrano, quien valoró de forma positiva el fallo, si bien reconoció que no está del todo satisfecho dado que no se ha entrado en el fondo del asunto. Su cliente se enfrentaba a once años de prisión por una larga lista de delitos de los que ahora ha sido exonerados.

La absolución se produce al considerar la Audiencia que todas las pruebas practicadas por la Guardia Civil durante la instrucción son "nulas" y "carentes de validez", ya que la grabación de un testigo protegido -que dio origen a la investigación judicial- fue realizada sin autorización del juez Santiago Torres y al margen de cualquier procedimiento penal.

"Joaquín respira tranquilo, pero le queda una espinita clavada. Hubiera preferido que el tribunal entrara en el fondo del asunto y que se hubiera demostrado inocencia", dijo el letrado.

La sentencia de la Audiencia carga contra la Guardia Civil por quedar demostrado que, en contra de la versión sostenida en el atestado del Cuerpo, fueron miembros de la Unidad Orgánica de la Comandancia del Cuerpo de Madrid (Tres Cantos) quienes entregaron al denunciante una grabadora de pequeñas dimensiones y una cinta magnetofónica.

Esta grabación de un empresario que estuvo en la causa como testigo protegido dio origen al procedimiento. La nulidad de esta prueba da lugar a que se aplique la denominada teoría de 'los frutos del árbol envenenado', una doctrina que hace referencia a las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita que contaminan el resto.

Aprovechamiento político del PSOE

La operación Guateque fue utilizada por el PSOE, que la llegó a denominar "la mayor trama de corrupción municipal" en Madrid. Su portavoz entonces, David Lucas, exigió la convocatoria de varios plenos extraordinarios e, incluso, la constitución de una comisión de investigación.

"El alcalde debe responder por qué miró hacia otro lado; por qué no hizo caso a las denuncias de sus ciudadanos; qué le impedía tomar cartas en el asunto; por qué ha tolerado esta conducta si la conoce desde hace años; y que diga las cosas que no ha dicho", dijo Lucas cuando se desató la operación.

Y aún fue más allá: "es deber de Gallardón pedir disculpas a los madrileños por esta situación. Es lo menos que puede hacer". Y agregó: "Si en vez de preocuparse tanto por suceder a Rajoy se hubiera dedicado a cuidar su propia responsabilidad, esto no hubiese pasado". "Ahora los madrileños tienen que sentir la vergüenza de que su casa tiene que ser limpiada de corrupción por la Guardia Civil", aseguró.