Padres de los menores retenidos denuncian al Govern balear por detención ilegal

Al Gobierno de Francina Armengol le ha caído la primera denuncia por detención ilegal y prevaricación por aislar a 268 estudiantes bajo custodia policial en un hotel de Mallorca tras el macrobrote de coronavirus.

Ello sin que haya en vigor un estado de alarma que sustente la limitación del derecho fundamental a la libre circulación. Y lo que es más: tratándose de menores muchos de ellos. Menores que no pueden salir de sus habitaciones.

La han presentado un grupo de padres y madres de 45 alumnos de San Fernando, Cádiz, que habían acudido a la isla de viaje de fin de curso y que permanecen encerrados en el hotel Bellver, fuertemente vigilados. 

"Es un confinamiento político y selectivo", se ha quejado públicamente la portavoz de los denunciantes, abogada de profesión. A su juicio, la Consejería de Salud ha aislado a los estudiantes que supuestamente habían tenido contacto estrecho y no al resto de turistas, incluido extranjeros. 

Según su testimonio, inicialmente se dijo los afectados que quienes dieran negativo en las PCR se podían marchar, pero que ahora aun así van a tener que estar diez días allí. La abogada se ha quejado asimismo de que ningún funcionario o autoridad de las Islas Baleares "notifique nada por correo, todo es fulano dice que aquel dice".

Los estudiantes aislados en el hotel puente del Govern gritan a algunos ciudadanos instigadores “Queremos salir, libertad, libertad” pic.twitter.com/oChodD6bsx

— Xisco Umbert (@xiscoumbert) June 28, 2021

El Govern, por su parte, ha reaccionado restando hierro a la denuncia. Su vicepresidente, Juan Pedro Yllanes, ha dicho que tendrá "escaso recorrido" en los tribunales y que la directora de Salud Pública ha actuado según la legislación. "Resulta difícil hablar de detención ilegal cuando se ha aplicado escrupulosamente la norma aprobada a consecuencia de la Covid", según Yllanes.

Pero lo cierto es que la polémica se ha extendido por todo el país, puesto que hay estudiantes afectados de varias comunidades. En concreto de Andalucía (más de 200), Madrid, Galicia y País Vasco. Según el abogado José María de Pablo, el Ejecutivo de la socialista Armengol no puede retener a los jóvenes contra su voluntad sin que lo ordene un juez.

"Incluso si se trata de un confinamiento por motivos sanitarios, el art. 8.6 LJCA (la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ) prevé la necesaria autorización judicial", ha escrito en un hilo de Twitter. Al tiempo que ha recomendado a sus padres que soliciten el habeas corpus, que "ampara a quien ha sido detenido por cualquier autoridad". No solo la Policía. 

La consejera balear de Salud, Patricia Gómez, ha insistido en que hay que poner "cerco" al brote -con 900 positivos repartidos por España- y que para ello harán lo que sea necesario. "Hemos tenido positivos en diferentes grupos que nos han obligado a su aislamiento y a hacer pruebas a los contactos estrechos. Tanto los positivos como los que han estado en contacto estrecho estarán en aislamiento durante 10 días", ha insistido. 

El PP, por su parte, no da crédito a cómo está gestionando el Gobierno balear esta crisis en el arranque de una temporada turística crucial para las islas. Su portavoz en el Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha lamentado "la imagen penosa y triste" que se ha dado de Palma al exterior y ha anunciado que solicitará todos los informes epidemiológicos sobre las fiestas organizadas en la capital balear en los últimos días.

Y si esos informes revelan que ha habido "una dejación de funciones", al PP no le "temblará la mano" para "pedir dimisiones al más alto nivel si es necesario".