07 de Mayo de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

¿Está el Gobierno de Sánchez imponiendo la censura en las redes y en Whatsapp?

Nuevas normas en Whatsapp, control de las redes sociales, intervención de la propiedad: tres decisiones políticas inquietantes que empiezan a levantar un vendaval.

| Javier Rodríguez España

¿Está en retroceso la libertad de información y de expresión en España? ¿El confinamiento por la pandemia facilita un plan del Gobierno para limitar la crítica con la excusa de frenar la desinformación? Las preguntas están en el aire, y eso ya es un indicio de que algo pasa, sea cierto o no, y nadie lo está explicando lo suficiente.

Lo cierto es que en las últimas semanas se acumulan gestos, decisiones, discursos y medidas que, interpretadas en esos términos, resultan muy inquietantes. El Gobierno lo niega, pero lo cierto es que desde el mismo día de su investidura, Pedro Sánchez trabaja en una "Estrategia Nacional contra la desinformación" que daría cobertura a una intención menos noble que luchar contra los bulos, como si no hubiera ya leyes y juzgados para frenarlos.

La limitación de Whatsapp, una marca vinculada a Facebook que ya impide reenviar mensajes determinados a varios grupos a la vez, ha encendido las alarmas. Tanto como para que el columnista y exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, hable abiertamente de censura y señale a Newtral, la empresa de la periodista Ana Pastor que se encarga del "control de calidad" de esas dos herramientas de comunicación, especialmente activas en la crítica contra el Gobierno.

 

 

Pero hay más. El coronavirus ha alentado la implantación de sistemas de geoloalización de los ciudadanos a través de su móvil, con el argumento de que así se podrán evitar desplazamientos incompatibles con la cuarentena. La duda de que si en ese control se iba a acceder a los contenidos personales de cada usuario, desmentida luego, desató otra tormenta.

El "monitoreo" de la vida privada

Y hay más, éstas ya confirmadas por el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska: aunque niegue que el objetivo es cercenar la crítica, lo cierto es que sus palabras no suenan muy tranquilizadoras viniendo del máximo responsable de los Cuerpos de Seguridad.

 

 

Lo confesó este sábado, ante la presión de la opinión pública y de las propias redes sociales: sí, el Gobierno "monitorarizará" las redes y otros sistemas de comunicación "con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos o delictivos", así como con las "campañas de desinformación".

¿No lo hace ya la Justicia si alguien lo denuncia? ¿No interviene ya la Policía si detecta algo inadecuado? ¿Quiere decidir ahora Moncloa qué se puede decir y qué no y utilizará los medios públicos para detectarlo y prohibirlo? Que las instancias judiciales corrientes no le sirvan al Gobierno enciende las alarmas con respecto a un temor sin precedentes: la anulación y la persecución de la crítica con la excusa de acabar con las falacias y las calumnias, ya perseguidas en el Código Penal.

 

 

Todas estas medidas coinciden además con el reiterado plan de Pablo Iglesias de, al calor de la crisis económica y sanitaria de España, utilizar una versión "de autor" del artículo 128 de la Constitución para someter la propiedad privada a las necesidades del Gobierno: aunque el vicepresidente y líder de Podemos intenta limitar ese intervencionsimo al c0ntexto sanitario, a muchos les ha sonado al célebre "exprópiese " de Hugo Chávez.

¿Intervención de pisos privados?

Una sensación frente a la cual no ayuda, precisamente, el farragoso decreto publicado en el BOE de este sábado sobre la vivienda en España para ayudar a desahuciados y víctimas en general de la crisis que acompaña al drama del coronavirus.

 

 

Al parecer es una continuación de medidas ya existentes, desde los tiempos del popular Íñigo de la Serna al frente del Ministerio de Fomento, pero repetidas y ampliadas ahora, en plena reclusión global, suena muy extraño:

"Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho", explica la norma.

El Gobierno ha anunciado o aplicado demasiadas medidas inquietantes aprovechando la cuarentena

Pero aquí viene el problema: "Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes".

 

 

¿Significa eso que un piso de propiedad privada podrá usarse para ese fin lo quiera o no su dueño? ¿O que el Estado ayudará al inquilino a llegar a un acuerdo garantizándole que la ayuda le llegará aunque el inmueble no sea de protección pública?

Lo farragoso del texto no ayuda a salir de dudas, pero el contexto de limitación de libertades ha alimentado la sensación de que algo raro pasa. Sea o no adecuada la duda, hasta Google la alimenta con un broche final de lo más atemorizante: España figura, para el gran buscador de internet en el mundo, entre los regímenes comunistas del planeta.