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El Rey, junto al mensaje violento junto a sus hijas
El Rey, junto al mensaje violento junto a sus hijas

La Abogacía del Estado perdona "quemar" al Rey y persigue vídeos contra Iglesias

El Ejecutivo ha recurrido a los letrados del Estado para perseguir a los autores del vídeo en el que disparan a miembros del Gobierno, pero avala las hogueras contra la Monarquía.

| Andrea Jiménez España

El Gobierno ha recurrido a la Abogacía del Estado para perseguir a los autores del vídeo en el que un individuo dispara contra fotografías del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, Marlaska, Adriana Lastra y Pablo Echenique. Los letrados presentarán la correspondiente denuncia ante la Fiscalía mientras han permitido durante años la quema de fotos del Rey.

Y es que, muchas han sido las ocasiones en las que desde diversos sectores se ha procedido a prender fuego las imágenes de los monarcas, tanto de Juan Carlos I como de Felipe VI, pero los abogados del Estado no han intervenido. Hasta Puigdemont y su entorno se han quejado este viernes recordando cómo un monigote del expresidente catalán fue "fusilado" sin que nadie reaccionara.

 Los ejemplos más recientes se centran en Cataluña. De hecho, en la Diada de 2019, un grupo de jóvenes integrantes de Arran, las juventudes de la CUP, quemaron imágenes del Rey y de otros dirigentes políticos, como el presidente francés, Emmanuel Macron, reivindicando la "quema del régimen del 78", aunque días antes ya habían hecho lo propio fotografías de los concejales del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Collboni, Manuel Valls y Albert Batlle, durante las fiestas de Gracia.

Y es que, la quema de imágenes es un acto habitual en las manifestaciones de la CUP y sus organizaciones afines, ya que cada año, a grito de "vamos a cortarle la cabeza al Rey", como ocurrió en 2016, las hogueras toman las calles catalanas.

 

 

Bien es verdad que ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se pronunció en marzo de 2018 sobre acciones similares, entendiendo que la quema de imágenes del Rey "carecen de relevancia penal y no sería aceptable castigarlos penalmente", considerando que "debe ser interpretada como expresión simbólica de una insatisfacción y de una protesta", una "forma de expresión de una opinión en el marco de un debate sobre una cuestión de interés público, a saber, la institución de la Monarquía".

 

 

Por ello, la Fiscalía ha cambiado su criterio al respecto y  ya en su memoria de 2018 destaca el archivo de las 32 investigaciones por delitos por injurias a la Corona, siguiendo la senda marcada por Estrasburgo. Una senda que fue muy aplaudida por Podemos, ya que entonces tanto Pablo Iglesias como Echenique o Irene Montero celebraron como una victoria de la "libertad de expresión" la decisión de TEDH.

Sin embargo, ahora cuando los que están en el punto de mira son los miembros de su formación y de su Gobierno, han considerado que se trata de "amenazas de muerte de pseudocomandos de la ultraderecha", tal y como ha señalado el vicepresidente del Gobierno.

 

 

Aún así, olvidando la figura del Rey, sobre la que ya se ha sentado jurisprudencia al respecto, también políticos de la derecha como el propio Mariano Rajoy han sido objetivo de prácticas similares.

De hecho, en 2015 las Juventudes socialista de Alicante "guillotinaron" una imagen de Rajoy, para después posar sonrientes con la cabeza cortada del presidente del Gobierno, pero entonces, de nuevo, la Abogacía del Estado tampoco actuó.

"Ahora es un comando"

Y es que, parece que desde la izquierda se amparan en la "libertad de expresión" para avalar conductas similares cuando las 'víctimas' son los Reyes o los políticos de la derecha, pero cuando los que están en el punto de mira son ellos, el argumento es bien distinto, es la derecha "antidemocrática" la que amenaza y a la que hay que perseguir utilizando todos los resortes del Estado que tiene a su alcance.

Ahora, habrá que ver el recorrido judicial que sigue el caso. Los argumentos esgrimidos por la propia Abogacía para perseguir a los autores del vídeo y si la Fiscalía, al mando de Dolores Delgado, decide archivar la causa como hizo con la quema de las fotos del Rey siguiendo la doctrina de Estrasburgo. Aunque a lo mejor en este caso los hechos ya no son una "expresión simbólica de una insatisfacción" sino una "amenaza de muerte" de la ultraderecha.