Sanidad interviene los laboratorios privados e insinúa que no están colaborando

Tres ruedas de prensa al día da el Gobierno (en días normales) y aun así las noticias llegan a través del BOE. El de este martes deparaba una nueva sorpresa: el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido hacerse con el control de los laboratorios privados que están realizando tests de Covid-19 a quien quiera y pueda pagárselos. 

La orden del Ministerio de Sanidad (puede leerla aquí), no exenta de polémica, lo califica como una "medida excepcional" para el "refuerzo" del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria.

Y pone en manos de las comunidades autónomas el poder para obligar a los "centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada a estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes, y de notificar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma los casos de COVID-19 diagnosticados".

En la orden del BOE, Sanidad deja claro que las comunidades podrán incluso regular y decidir los precios de las pruebas diagnósticas que vengan realizando los laboratorios privados, "con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio"; así como intervenir los laboratorios que a día de este martes no estén ya colaborando con el Sistema Nacional de Salud. 

Y una cosa más: los laboratorios privados no podrán hacer la prueba a quien no se la haya prescrito un médico. Este punto es crucial, dado que el protocolo que viene aplicando Sanidad ante la escasez de tests es que a los asintomáticos no se les hace. 

Por poner un caso práctico, cuando se conoció el positivo de Javier Ortega Smith (en un lejano 10 de marzo), varios diputados de Vox decidieron hacerse la prueba en un laboratorio privado para salir de dudas. Entre ellos el propio Santiago Abascal, que dio positivo. De no haber acudido a un centro privado no habría sido diagnosticado.

Por último, el Ministerio ordena a las comunidades autónomas que trasladen la información que obtengan en aplicación de estas medidas excepcionales. 

A pesar de la claridad de la orden, el Gobierno niega que se trate de intervenir o "confiscar", sino de "aunar esfuerzos públicos y privados", en palabras de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. "Se trata de controlar el uso de las PCR para que sean lo más eficientes posible en un periodo de escasez", añadió poco después Fernando Simón desde Moncloa.

El propio presidente presumió la semana pasada en el Congreso de que España es uno de los países que más tests están realizando. Más incluso que Corea del Sur y Alemania, cuando si algo venían criticando los expertos era precisamente la falta de detección precoz. Era, en realidad, una información que el diario Financial Times había publicado días atrás, con mucha controversia. 

Garantizar en una situación del desarrollo PCR no podemos permitir que en un periodo de escasez en que las PCR se utilicen en grupos que los diagnósticos no queden bajo la tutela de los servicios sanitarios. Que no haya abusos, evitar que se hagan PCRs cuando la probabilidad de que el resultado sea negativo es excesivamente baja (personas asintomáticas no). Controlar el uso de las PCR para que sean lo más eficientes.