Sánchez se desata y también rebajará la mayoría para el Defensor del Pueblo

Al Gobierno no le afectan las durísimas críticas por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha puesto en marcha para rebajar la mayoría que se necesita para elegir al Consejo General del Poder Judicial (de tres quintos, que son 210 diputados, a 176), hasta el punto de que tiene la intención de extenderla a la elección del Defensor del Pueblo y en su día al Tribunal de Cuentas.

Un "dos en uno" que le permitiría designar al Defensor del Pueblo sin necesidad de contar con el concurso del Partido Popular y de paso colocar en el palacete de la calle Zurbano al portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que a ojos de Pedro Sánchez no hace una oposición lo suficientemente dura a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El propio Gabilondo ha trasladado a Sánchez que quiere dejar la Asamblea de Madrid y optar por un puesto de carácter institucional. El de Defensor del Pueblo le iría como anillo al dedo.

El presidente del Gobierno quiere un oposición sin concesiones a Ayuso, y más después de comprobar cómo la presidenta regional no sólo le está plantado cara, sino que, además, le está ganando el pulso en un territorio que Sánchez considera clave para consolidar su proyecto de poder. Las encuestas de los últimos días, que disparan a Ayuso, así lo atestiguan.

El último episodio, la desautorización al Gobierno por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha sido la gota que ha colmado la paciencia del presidente, que quiere acelerar el relevo en Madrid por si llega el momento de asestar el golpe definitivo a Ayuso en forma de una moción de censura.

Sánchez lleva pergeñando esta operación desde este verano con el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, que conoce perfectamente el Partido Socialista de Madrid, y con Iván Redondo: buscar el candidato más idóneo para llevar a cabo un placaje sin concesiones a Ayuso. Ahora cree que ha llegado el momento.

El Gobierno justifica estos cambios de las mayorías asegurando que, tanto en el caso del CGPJ como en el del Defensor del Pueblo o en su día en el Tribunal de Cuentas, las únicas mayorías que hay que respetar son las que están blindadas en la Constitución y que el resto pueden ser modificadas para "salvar el bloqueo".

De hecho ha sido la propia Carmen Calvo, catedrática de Derecho Constitucional, la que ha elaborado la proposición de ley que tan diligentemente presentaron el martes Adriana Lastra y Pablo Echenique. Sin importarle los recelos que los tres ministros que son jueces -José Luis Campo, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles-, trasladaron antes del verano.

A mayores, el Gobierno no contesta si estaría dispuesto a mantener la fórmula actual de tres quintos de la Cámara si el Partido Popular se aviniera finalmente a negociar. Lo que indica que estamos ante una decisión firme y no un "farol" y que la rebaja en las mayorías para elegir al CGPJ es sólo un primer movimiento de una partida de ajedrez que no va a acabar en tablas.