26 de Enero de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Marlaska e Illa, en una de sus comparecencias durante el estado de alarma.

Una juez investiga a Marlaska y exige documentos de su gestión de la pandemia

La magistrada abre diligencias contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por el abandono de Interior a los funcionarios de prisiones y admite su querella.

| Miguel Blasco España

A la espera de que el Tribunal Supremo resuelva la admisión a trámite de varias decenas de querellas contra el Gobierno por su gestión contra la pandemia del Covid 19, a Moncloa se le abre un nuevo frente judicial que afecta de nuevo al ministro Fernando Grande Marlaska.

La Justicia ha puesto en este caso su mirada en la gestión del Ministerio del Interior en las prisiones, y la falta de medios y el abandono que han denunciado los funcionarios de prisiones a través de una asociación.

En concreto, ha sido la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid la que ha admitido a trámite una querella contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al frente de la que está Ángel Luis Ortiz, por delitos contra los derechos de los trabajadores.

 

El auto de la juez que ha admitido la querella de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM)

 

La magistrada va a investigar las medidas de protección entregadas a los funcionarios de prisiones y los protocolos acordados para garantizar la seguridad de los mismos durante el estado de alarma por la pandemia.

Esta querella se suma a otras dos, que estudia en la actualidad el Supremo, y que fueron presentadas por sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil por los mismos motivos.

En su auto, la magistrada, María del Pilar Martínez Gamo, atiende así un recurso de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar contra el auto que inadmitía la misma querella en abril. Y recoge el informe favorable de la Fiscalía para investigar la gestión de la pandemia por parte de Prisiones, dependiente de Fernando Grande Marlaska.

 

 

Los funcionarios de prisiones llevan en pie de guerra contra Marlaska desde su llegada a Interior.

 

En este sentido, la magistrada apunta que la Fiscalía solicita practicar al menos "una serie de diligencias de investigación" con el objetivo de conocer las medidas adoptadas, los protocolos de seguridad y el número de funcionarios de prisiones que han contraído el Covid y las causas de su contagio.

Por eso, acuerda reclamar a Marlaska, para que se aporten en formato CD, los protocolos de actuación en relación con la pandemia que se aplicaron por los directores de los centros penitenciarios, y que detallen tanto los equipos de protección individual (EPIS) que entregaron a los trabajadores como el número de estos que "hayan contraído el virus a consecuencia de su desempeño" laboral.

 

También requiere a Interior la documentación acreditativa de las peticiones efectuadas por cada uno de los centros penitenciarios o de inserción social al ministerio para que les proporcionara los citados EPIS y medidas de seguridad. Asimismo, la magistrada quiere tener también sobre su mesa las actas de las reuniones del comité de seguridad y salud de cada centro en el que se tratara sobre el Covid.

Además, en el auto se acuerda remitir un oficio a la Inspección de Trabajo para que elabore un informe sobre si en las cárceles y centros de inserción social se ha producido una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales en el desempeño por los funcionarios de su trabajo en la situación de exposición del coronavirus

Desde la Asociación de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar denuncian que durante la primera ola y parte de la segunda a los trabajadores penitenciarios no se les dotó de mascarillas adecuadas para el desempeño de su trabajo, y apuntan que se les llegó a prohibir su uso para no alarmar a los internos.

Además, lamentan que aun hoy la realización de test preventivos es residual, y que la mutua de accidentes que lleva la prevención no los realiza, con conocimiento de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Asimismo, los funcionarios denuncian que a los presos si que se les realizan test de antígenos de manera recurrente, lo que les hace pensar que el problema no es la falta de recursos sino de ahorro presupuestario a costa de la salud de los trabajadores y sus familias.