| 29 de Septiembre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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El Gobierno vuelve a la carga dando un paso más en su plan de peajes

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contrata a KPMG para que le asesore sobre el nuevo sistema de peajes o pago por uso de la red viaria, que quiere implantar en dos años

| ESdiario España

El Gobierno de Sánchez termina sus largas vacaciones rodeados de polémicas y problemas reactivando una de sus medidas más polémicas, el pago por el uso de la red de carreteras estatales en España, acabando así con la gratuidad,  una medida comprometida con la Comisión Europea para recibir los fondos Next Generation.

Aunque el Gobierno aparcó dicho plan hace meses por supuesta falta de consenso político, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha encargado a la empresa de ingeniería Ineco trabajos de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, por ello, Ineco acaba de contratar los servicios externos de KPMG Abogados. 

 

Y es que el estudio jurídico del Gobierno busca que los expertos saquen conclusiones de posibles impactos, como la evasión o el fraude en los sistemas de tarificación de carreteras, además de evitar posibles demandas posteriores por problemas de índole fiscal o tributaria.

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos estima "la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024", buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario “usuario pagador” y también del principio de "quien contamina paga", eso sí, olvidándose de la propia contaminación del Ejecutivo con la utilización del Falcon, el Super Puma, o la no reducción de la flota de vehículos.

El propio encargo a KPMG Abogados incluye dar respaldo en el análisis de la viabilidad jurídica de las distintas fórmulas que faciliten la aceptación social del nuevo sistema de cobro de peaje. Por otro lado, el estudio también quiere dar a conocer "las implicaciones que podría tener la posible extensión del nuevo modelo de gestión y financiación a otras redes viales gestionadas por distintas administraciones públicas a la AGE (tales como comunidades autónomas, provincias y municipios)", todo ello con el fin de recaudar lo máximo posible.