Montero calienta otra guerra: nueva ley del aborto y bajas por la regla

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ya avisó el pasado mes de febrero que preparaba una reforma para "blindar el derecho" de toda mujer a partir de sus 16 años a interrumpir voluntariamente un embarazo y a hacerlo como una prestación pública más, algo que así ha quedado plasmado.

La nueva ley del aborto permitirá a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de sus padres, manteniéndose los plazos que ya estaban establecidos: el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico, es decir, una interrupción por causas médicas como malformación del feto o peligro para la vida de la madre.

La ley regulará igualmente la objeción de conciencia para aquellos profesionales que lo soliciten, y se creará un registro en cada comunidad autónoma, siendo el objetivo evitar cualquier tipo de obstáculo para poder ejercer el libre derecho al aborto.

Irene Montero desempolva el “sola y borracha” y el tiro le sale por la culata

La ley también incluirá otras medidas, como el derecho a la salud menstrual. Se regulan las bajas por dolor menstrual, que podrán ser de hasta tres días y que deja entrever una posible discriminación en el ámbito laboral a las mujeres por este hecho. Por otro lado se facilitarán productos de higiene de forma gratuita a las mujeres en riesgo de exclusión o en los centros educativos, cuando sea necesario. También se eliminaría el IVA a estos artículos.

Además, incluye medidas sobre la gestación subrogada, que queda reconocida como violencia hacia las mujeres. Por ello, se prohibirá la publicidad de las agencias y recoge que los tribunales españoles podrán perseguir a las parejas que recurran al extranjero para seguir el proceso.

La intención de La Moncloa es desactivar de rebote con esta ley, el recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional presentado ahora hace dos años, en junio del 2020, por considerar inconstitucional la ley de la interrupción voluntaria del embarazo.

Protección hacia el aborto

Hace un mes se modificó el Código Penal, añadiendo un artículo que pena “obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”; tanto acosar a la mujer que va a abortar como a los trabajadores de la clínica. Estos “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” son “una constante” desde que se despenalizó en España el aborto en 1985, dice la normativa.

Y es que para ayudar al aborto, se ha eliminado el acosar a las mujeres en la entrada de las clínicas donde se interrumpe el embarazo o al personal de los centros es en España, que ahora ya es un delito y se podrá penalizar con entre tres meses y un año de prisión o entre 31 y 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad. 

La reforma legal busca “proporcionar seguridad jurídica” a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y a los profesionales de las clínicas, considerando el delito parte de la violencia por razón de género.