El Gobierno anuncia ahora que investigará los errores en el crimen de Lardero

El asesinato del pequeño Alex en Lardero ha conmocionado a España, que ha visto atónita como el sistema penitenciario ha dejado libre a un asesino y agresor sexual que en cuanto ha salido de prisión ha vuelto a matar. Sucedió hace una semana, el pasado jueves, cuando, presuntamente, Francisco Javier Almeida estranguló al pequeño. Y precisamente eso es lo que ha tardado el Gobierno en reaccionar y anunciar una investigación para conocer qué falló para poner a Almeida en la calle conociendo su historial delictivo.

Ha sido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la que ha anunciado este viernes que revisarán si hubo algún "problema concreto" en el protocolo que llevó a la concesión del tercer grado al detenido. "Sin duda habrá que revisar si ha ocurrido algún problema concreto en este protocolo", ha señalado Rodríguez que ha afirmado que confía en el Estado de Derecho y en "Instituciones Penitenciarias", en declaraciones a Espejo Público.

La garrafal cadena de errores en el crimen de Lardero cerca al Gobierno en el Congreso

La portavoz se ha expresado así al ser preguntada por las críticas de los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF que censuraron este jueves el "buenismo" del Ministerio del Interior al progresar al tercer grado al detenido, un preso con antecedentes por homicidio y agresión sexual que quedó en semilibertad en contra del criterio mayoritario de la Junta de Tratamiento. En este sentido, reclaman autocrítica al entender que este crimen es "el fracaso de la institución penitenciaria".

Sin embargo, lejos de reconocer que pudo haberse cometido un error y analizar lo sucedido, ha pedido  no utilizar el dolor de los familiares en un contexto político. "Que el dolor no sea utilizado por nadie, ni por sindicatos sectoriales ni por nadie", ha indicado Rodríguez que ha enviado un mensaje de apoyo a los familiares por un suceso "realmente trágico".

En la misma línea ha explicado que la política penitenciaria la aplican funcionarios público, las decisiones judiciales las dictan los jueces y participa la Fiscalía y desde el Gobierno se marcan las directrices de la legislación que se aprueba en el Parlamento.

El Gobierno quiere menos presos en las cárceles

Pero lo cierto es que desde el Gobierno se promociona la reducción de la población reclusa y el aumento de la concesión de beneficios penitenciarios a los presos, como el propio responsable de Instituciones Penitenciarias dejó claro en el Congreso de los Diputados.

Ángel Luis Ortiz defendió la política carcelaria del Ejecutivo. De  hecho, dejó claro que su objetivo era "favorecer el desarrollo de la intervención tratamental y de los procesos de reinserción social así como el incremento de las personas penadas en régimen de semilibertad".

Así, presumió de los datos que generaba su sistema de tratamiento de los presos, al insistir en que desde la llegada al Gobierno del PSOE "ha disminuido la población reclusa en un 6,7%" y hay una "constante disminución de reclusos en primer grado de un 2,2% a un 1,3%" y se vanaglorió de aumentar el número de presos en tercer grado, pasando de un 17,7% a un 20,5%, además de aumentar la semilibertad un 122% , desde que llegó al frente del órgano de control de las cárceles. 

Sin embargo, ahora, ante la presión de una sociedad escandalizada por un crimen como el de Lardero, el Gobierno no ha tenido más remedio que reconocer que tendrá, al menos, que estudiar qué falló, aunque habrá que ver si realmente lo lleva a la práctica o si se queda solo en uno de sus anuncios.