Las víctimas redoblan su lucha por "la verdad" con Marlaska de espaldas

Desde que ETA nació en la época de Franco hasta el 20 de octubre del año 2011, en el que anunció que dejaba las armas, acabó con la vida de más de 850 personas en 3.500 atentados, dejando decenas de miles de heridos. Para la historia quedarán los atentados de Hipercor en Barcelona, la casa cuartel de Zaragoza y de Vic o de la plaza de la República Dominicana en Madrid.

Secuestros, torturas, mutilaciones, bombas lapa… Términos propios de una guerra, la del Estado contra el terrorismo, que se ha saldado con cientos de etarras presos. Aunque muchos de los crímenes todavía se mantienen incompletos. Por eso, las víctimas llevan más de 40 años organizándose en asociaciones para luchar por sus derechos, por esclarecer lo ocurrido, buscar a los responsables, y condenarlos para alcanzar la ansiada justicia que dé paso al dolor. 

Una lucha que estos últimos meses se ha intensificado debido a que la Justicia ha aportado novedades a los procesos judiciales estancados. Es el caso, por ejemplo, del asesinato de Gregorio Ordoñez, que este mes de febrero tuvo una actualización en su investigación: El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal encargó una batería de diligencias para saber cuál fue el grado de participación de los ex jefes de ETA Ignacio de Gracia Arregi, alias 'Iñaki de Rentería’ y otros cuatro líderes terroristas en la ejecución del concejal del PP Gregorio Ordóñez el 23 de enero de 1995 en San Sebastián.

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Para ello, el juez ha pedido a la Guardia Civil que localice y analice la documentación en poder de miembros de ETA relacionada con las actas de reunión del ZUBA (el brazo ejecutor de la banda) en fechas inmediatamente anteriores, simultaneas y posteriores al asesinato de Ordóñez, a fin de corroborar la asistencia a estos cónclaves de los dirigentes de ETA mencionados, y de los temas y asuntos tratados en los mismos, con especial interés en las referencias a acciones contra políticos del PP.

Una investigación que no solo se desarrollará en España: Abascal ha ordenado que se aporte la información que obtenida en dispositivos informáticos de 138 sellos (precintos judiciales franceses) que fueron intervenidos durante la detención de 'Mikel Antza' en octubre de 2004. El juez sospecha que ahí puede haber algún dato o información que pueda constituir un indicio. La clave de este caso es saber si hubo más responsables en la muerte del concejal y hasta qué punto los que conocían las intenciones de su asesinato callaron y lo encubrieron. 

Las víctimas de ETA: “Hay que juzgar a los etarras (...). Nadie entendería que no se juzgara a Putin por lo que está pasando en Ucrania”.

Un caso que ha animado a las asociaciones de víctimas a redoblar sus protestas para que más casos de asesinatos etarras sigan ese mismo camino: El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha reivindicado en numerosas ocasiones la búsqueda de los autores intelectuales de los crímenes de ETA, ya que más allá de los que aprietan el gatillo, hay mentes que diseñan los asesinatos que no han pagado por ellos. 

El camino emprendido recientemente por la Audiencia Nacional es una de las grandes esperanzas de las asociaciones de víctimas, que quieren la condena firme de los que piensan los asesinatos, ejemplificándolo con la guerra de Ucrania, diciendo que “nadie entendería que no se juzgara a Putin por lo que está pasando en Ucrania”.

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"Es importante saber quién disparó y quién puso la bomba (...) pero detrás de ese autor siempre había alguien", ha dicho Portero y, para defenderlo, ha puesto un "ejemplo claro" con la invasión rusa de Ucrania. "¿A que nadie entendería que no se juzgara a Putin por lo que está pasando en Ucrania? Pues eso estamos reivindicando", ha ilustrado.

Una lucha que ha dado sus frutos, ya que esa asociación, Dignidad y Justicia, junto a la Fundación Luis Portero presentó una querella en la propia Audiencia Nacional, la cual ha sido aceptada por la misma, tomando medidas en las últimas semanas para retomar las investigaciones.

La Sala de lo Penal de este tribunal, decidió impulsar a principios de abril la causa seguida contra la cúpula de ETA por crímenes de lesa humanidad en todos los asesinatos cometidos desde 2004 hasta su cese armado en 2011. La AN ha planteado además la posibilidad de solicitar a las autoridades francesas la entrega de Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', Mikel Carrera Sarobe 'Ata' y Aitzol Iriondo Yarza ‘Gurbitz’, tres históricos de la banda que tendrían relación “intelectual” con decenas de asesinatos. 

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De hecho, los magistrados de la Sección Segunda ya comunicaron a la Fiscalía que Francia ha autorizado ya el envío a España de 'Txeroki' (quien cumple condena en un cárcel gala) desde el 20 de agosto hasta el 20 de octubre de este mismo año para que sea enjuiciado por la explosión de un coche bomba en Bilbao en 2005.

Las víctimas acorralan a los terroristas

Las organizaciones de víctimas del terrorismo no solo impulsan nuevas investigaciones, sino también acorralan a los asesinos y evitan que se “escapen” de la Justicia. Es el caso del exjefe de ETA “Josu Ternera”, quien ha sido aupado por el entorno de Bildu en el País Vasco en los últimos meses en homenajes a terroristas y que trató de evitar su juicio en España diciendo que ya había cumplido prisión en Francia. 

Sin embargo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Española Guardia Civil (AEGC) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil y Sindicato Justicia Policial apeló para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgara al ex jefe de ETA por el atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Algo que finalmente ha ocurrido. 

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Mientras, en lo que se v an produciendo estos “avances” hacia la justicia, el Gobierno ha ido “cediendo” ante los etarras y ha ido acercándolos a cárceles vascas, rompiendo el acuerdo de dispersión de los últimos casi 40 años. De los acercamientos masivos más importantes fue el de principios de 2022, cuando la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, acercó a cárceles del País Vasco a siete presos de ETA, cuatro de ellos con delitos de sangre, haciendo un tato de 96 traslados. 

En total, 75 presos etarras, con cinco libertades condicionales y nueve traslados no materializados, cumplen condena en el País Vasco. Algo que ha despertado la indignación de las víctimas: la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) denuncia que en un año se podrá hablar del "fin total de la dispersión", ya que todos los condenados por los crímenes de ETA estarán en prisiones del País Vasco y Navarra. Desde junio de 2018, el Gobierno ha aprobado 295 traslados correspondientes a 202 etarras, de los que 96 han ido a prisiones del País Vasco y otros 16 de Navarra.

De hecho, la AVT ha retirado la medalla honorífica que le había otorgado a Marlaska por sus años de juez luchando contra los terroristas por estos nuevos actos que responden a decisiones plenamente políticas. La AVT ha calificado también de "alarmante y peligroso la normalización y la poca alarma social que producen ya este tipo de noticias".

"¿Qué clase de sociedad anestesiada estamos creando, que el hecho de que el ex jefe de una banda terrorista responsable de casi 900 asesinatos pase a formar parte de la dirección de un partido político que debería estar ilegalizado no abre informativos, es portada de periódicos o indigna a la sociedad?", se pregunta, en relación con la inclusión del etarra David Pla en la dirección de Sortu, partido incluido en la coalición de EH-Bildu, quien pacta con Pedro Sánchez en el Congreso.